La investigación judicial sobre la gestión de la guardería del Hospital Vall d'Hebron se cierne sobre cuatro cargos del Instituto Catalán de Salud (ICS), la mayor empresa pública de la Generalitat. La instrucción amenaza a los directivos después de que el Ayuntamiento de Barcelona recordara que la ludoteca, que tiene 50 años de existencia, jamás debió estar allí porque contraviene las normas urbanísticas de la ciudad.
La directora gerente del ICS, Yolanda Lejardi, el 'conseller' de Salud, Josep Maria Argimon y el vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona / EUROPA PRESS
Así lo indica una resolución del distrito de Horta-Guinardó a la que ha accedido este medio y que confirma el cierre del espacio infantil, acometido a principios de mes, ante un recurso de la asociación que la gestionaba. El documento constata que la guardería no puede estar allí porque incumple el uso urbanístico de Vall d'Hebron, fijado con el planeamiento urbano de 1991. La normativa local también invalida el patio de la instalación y el urinario portátil que está instalado allí.
El ICS, en la diana
La resolución, que se aportará al procedimiento judicial por prevaricación y malversación que se sigue en la sala de Instrucción número 9 de Barcelona, es importante porque apunta de forma indirecta al ICS. Si el uso urbanístico de la ludoteca "no está permitido", tal y como remarca, el problema de la guardería no es de licencia, sino de encaje en la trama urbana, tal y como señalan fuentes jurídicas. Esa instalación jamás pudo estar allí porque contraviene la clave urbanística y, sin embargo, el ICS la operó durante 40 años y en 2013 la cedió a los trabajadores del hospital.
Ese movimiento pone contra las cuerdas a los cuatro altos cargos y excargos de la empresa pública que están investigados en el procedimiento o salpicados por él. Se trata de Yolanda Lejardi, actual gerente del proveedor público; Candela Calle, exdirectora; y Pere Soley, exgerente del ICS con el exconseller Boi Ruiz y exdirector también del Consorci Hospitalari de Vic. Estos tres gestores sanitarios están imputados en la causa. No lo está, pero figura como implicado de forma directa, Joaquim Casanovas, exdirector del mismo ente, actual director del ICS en la región de Girona y la persona que firmó la cesión de la ludoteca a los trabajadores en 2013.
La Guardia Civil, clave
Hay un segundo elemento que vira la responsabilidad del caso al ICS. La Guardia Civil, que dirige las diligencias por encargo de la magistrada de la sala de Instrucción número 9, ha tomado declaración a los responsables de la guardería de Vall d'Hebron como "cooperadores necesarios". En otras palabras, los gestores del espacio no son el núcleo de la investigación, sino un elemento periférico. Lo central es qué uso hizo la Administración de este espacio. Y la Administración, en este caso, es el ICS.
Lo confirman fuentes cercanas al procedimiento. Recuerdan que fue la empresa pública quien tuteló el espacio, no Vall d'Hebron. La gerencia del mayor hospital catalán apenas intervino en el centro infantil, por bien que pagaba las facturas de suministros. El actual gerente, Albert Salazar, está imputado, como explicó este medio, así como su predecesor en el cargo, Vicente Martínez. Pero los mismos interlocutores jurídicos señalan que lo recabado en la instrucción en curso apuntan a que la participación de estos dos gestores sanitarios en los hechos habría sido menor.
Seguirá cerrada
El caso avanzará a finales de octubre, cuando comparecerán ante la magistrada los 12 investigados. Asimismo, la Guardia Civil trabaja con la delicada tesitura de que uno de los imputados en el procedimiento es aforado, por lo que debería ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). La magistrada instructora por ahora no ha solicitado que el alto tribunal asuma esta parte de la causa, tal y como confirman los portavoces de esta instancia.
Imagen aérea del Hospital Vall d'Hebron / Cedida
Por lo pronto, la guardería seguirá cerrada. Esta decisión ha provocado el enfado de sindicatos como Satse, CCOO y CSIF. Todos ellos han pedido su reapertura para que los 3.000 sanitarios de Vall d'Hebron, la mayoría mujeres, puedan conciliar su vida laboral y familiar como hacían hasta la fecha. El distrito de Horta ha rechazado la la petición y ha sacado a la luz el problema urbanístico del equipamiento. Con la norma local en la mano, el servicio jamás debió existir.