Un equipo de profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Carlos III de Madrid y Castilla-La Mancha reclama reformar la regulación sobre financiación pública a medios privados. Para ello, han trasladado a los grupos parlamentarios un documento en el que exigen cambios en las leyes sobre publicidad institucional.
Consideran que "falta transparencia" en el proceso de planificación y contratación de la publicidad institucional por parte de las administraciones. En una nota de prensa, los académicos sostienen que se trata de una "forma encubierta de financiar a los medios de comunicación", por lo que sugieren que se articule un mecanismo de subvenciones que tenga en cuenta los ingresos que han recibido las empresas mediáticas en concepto de publicidad institucional a la hora de otorgarles ayudas.
La calidad de la democracia
Según explican, los partidos han mostrado interés por las propuestas recibidas, que engarzan con el contenido de la ley europea sobre libertad de los medios de comunicación que actualmente se debate en la Unión Europea. Asimismo, recalcan que este asunto repercute "en la calidad de nuestra democracia al condicionar, sobre todo en momentos de crisis, la pluralidad de voces que se pueden escuchar en el panorama mediático".
Tribunal de Cuentas
Además, denuncian que los gobiernos de distintos colores "beneficien económicamente a empresas mediáticas afines" al no responder a criterios de audiencia. En este sentido ya se han posicionado organismos como el Tribunal Constitucional (TC), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o el Tribunal de Cuentas, que avisaban sobre irregularidades diversas en los referidos procedimientos, subrayando, por ejemplo, que la planificación ha de obedecer a "criterios objetivables, que se han de evitar acuerdos abusivos entre las grandes agencias de medios, o que son necesarias evaluaciones a posteriori sobre la eficacia de las campañas".
Reformar la ley de publicidad
Para cambiar el panorama, los profesores proponen reformar la ley de publicidad y comunicación institucional, de manera que defina los términos "publicidad institucional, comunicación institucional y publicidad comercial". Éste último se encuentra actualmente "en una especie de limbo legal, pese a que los presupuestos que se le han asignado han sido hasta hace poco bastante más cuantiosos que los relativos a la publicidad institucional de la Administración General del Estado", avisan.
Por otro lado, piden "revisar los procesos de contratación para, por ejemplo, hacer que las exigencias de facturación a las agencias de medios sean acordes con los presupuestos de licitación, valorar el impulso de formas de contratación dinámica frente a la centralizada y, desde luego, controlar el posible mal uso de los contratos menores". También reclaman velar por la profesionalización, apostando por la creación de órganos técnicos con personal cualificado.
Por último --y entre otras cosas-- plantean que se destinen más fondos a subvenciones directas o indirectas a los medios para fomentar el pluralismo, priorizando aquellas empresas mediáticas menos beneficiadas por la contratación de la publicidad institucional.