En el Complejo Policial de la Verneda, en Barcelona, trabajan discretamente, pero sin descanso, los agentes que componen la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), el grupo más numeroso de España. Esta unidad, imbricada en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, se subdivide en dos secciones.
La primera, formada por 50 agentes, es la que dirige el Inspector Molina, que además de jefe de sección es el interlocutor social territorial para la trata de seres humanos, el enlace entre las víctimas, las oenegés y la fiscalía. La sección primera se dedica casi en exclusiva a la trata de seres humanos y se subdivide en cuatro grupos especializados en áreas geográficas: el grupo primero se encarga de Europa del Este; el segundo, de investigaciones relativas a África; el tercero a Sudamérica y el cuarto, a Asia. “Aunque el delito es el mismo, los sistemas de captación son muy diferentes”, aclara Molina.
Explotación laboral y para la comisión de delitos
La trata de seres humanos con fin de explotación sexual es la más habitual, pero no la única en Cataluña. “Hemos encontrado, además de la explotación sexual --que supone el 90% de los casos-- un aumento de trata con fin de explotación laboral y para la comisión de actos delictivos”. En lo referente al tráfico de órganos, el inspector aclara que, desde que se incluyó en 2015 el artículo 177 bis en el Código Penal, en España solo se han investigado “uno o dos casos”.
En lo relativo a la explotación laboral, el inspector recuerda que en 2018 efectuaron en el barrio del Raval de Barcelona uno de los mayores operativos en Cataluña, conjuntamente con los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona. La operación, bautizada por la Policía Nacional como Taxi y por los Mossos como Suricat, confluyó en un operativo conjunto en el que se efectuaron simultáneamente 35 entradas y registros solo en el área metropolitana de Barcelona, casi todas en el Raval. Todavía haría falta una segunda operación, bautizada como Coliseo, para acabar con esta organización criminal al completo. “Desarticulamos una mafia que trasladaba a chicos desde Pakistán y, una vez aquí, les obligaban a trabajar como lateros y vendiendo droga en la zona de las Ramblas, primero, y vendiendo sustancias estupefacientes en los narcopisos del Raval, después”, recuerda.
Los casos más gratificantes
Este fue, sin duda, el operativo reciente más espectacular efectuado por la unidad en Cataluña, pero el inspector tiene presentes otros casos cuya resolución le han producido “más satisfacción”. Son aquellos en los que las víctimas son explotadas sexualmente, aunque recuerda que “tan víctimas son unos como otros, y cada uno tiene su pesar y su penar por ello”. El más reciente de los múltiples que han efectuado es el de Tortosa, en agosto de este año, donde varias mujeres de Paraguay fueron liberadas tras ser obligadas a prostituirse en Cataluña, hasta donde las trasladaban “con la promesa de que trabajarían cuidando a ancianos”.
“La gente suele imaginar que lidiamos con macroorganizaciones muy bien estructuradas, que las hay, dirigidas por un malo que acaricia un gato en un sofá de cuero”, bromea. Pero esta idea, fruto de las películas, no se asemeja en absoluto al trabajo cotidiano de los agentes. “En el caso de Tortosa, era una mujer junto a sus tres hermanas paraguayas las que explotaban a sus compatriotas. Una de ellas las captaba en su país de origen y las tres que estaban aquí las explotaban. Es bastante habitual encontrar grupos criminales dirigidos por mujeres o por parejas. Casos, por ejemplo, de un español casado con una brasileña o una venezolana, encargadas de captar a compatriotas para explotarlas”.
Las tácticas de captación
Las técnicas de captación difieren dependiendo de los países de origen, tanto de los captores como de las víctimas, por eso los agentes de la sección --que cuentan con formación específica-- se especializan en áreas geográficas. En el caso de Rumanía, expresa el jefe de la sección, lo más habitual es la figura del lover boy. “Un señor muy bien vestido que se pasea en un cochazo por los pueblos más pobres del país hasta conseguir que una chica joven se enamore de él y se muden juntos a España”. Esta falsa historia de amor acaba con la mujer explotada sexualmente en un club de alterne o en un piso.
En el caso de África, las víctimas son principalmente de nacionalidad nigeriana, a las que las mafias exigen 50.000 euros por el hecho de haberlas traído a España, una cantidad que tendrán que pagar con los servicios sexuales que están obligadas a prestar. Pero las nacionalidades van variando, dependiendo de la situación socioeconómica de los países. “ Antes, por ejemplo, había muchas mujeres brasileñas víctimas de trata. Ahora nos encontramos con más venezolanas, por el contexto socioeconómico del país. También con muchas mujeres de Paraguay y China”.
Deudas y multas
Para ser considerada trata, detrás de la captación siempre debe haber un engaño. Pero los investigadores distinguen entre el engaño total --aquellos casos en los que un miembro de la mafia le promete a una chica que será, por ejemplo, peluquera-- y el engaño parcial --cuando las mujeres saben que van a ejercer la prostitución pero se lo pintan de color de rosa--. En este segundo caso, expresa el inspector, les prometen que podrán elegir a los clientes, que trabajarán las horas que quieran y que generarán mucho dinero. Pero la realidad es otra bien diferente, y las mujeres acaban hacinadas en habitaciones con literas, compartiendo espacio con otras ocho o nueve chicas, y obligadas a estar disponibles las 24 horas del día. “Y si viene un señor a las tres de la mañana, pues se tienen que levantar todas para que él elija”, asegura el inspector.
Además, las mafias crean todo un sistema de deudas y multas con el que mantener, todavía más si cabe, sometidas a las mujeres. Además de la deuda que les hacen pagar --en concepto de los gastos del viaje-- las organizaciones crean todo un entramado de multas para lucrarse de las víctimas. “Las mujeres explotadas no ven ni un euro hasta que no saldan la cantidad marcada por la organización. Pero, además de esta deuda, las organizaciones las multan por no llevar la ropa adecuada, por llegar tarde, por tener la regla y no poder trabajar esa semana... También les obligan a pagar por los preservativos, por dormir, por la comida o por el maquillaje”.
Sin relato, no hay caso
La labor de los investigadores entraña una enorme dificultad. Si las víctimas no dan un paso al frente y cuentan su relato, no hay caso. "He tenido a mujeres contándome que son víctimas pero que no quieren denunciar ni colaborar con la justicia ni la policía". Por un lado, para ellas supone tener que relatar y revivir sus traumáticas vivencias, compartir su propia vida. Por otro, afrontar un proceso judicial que no siempre es tan garantista como debería. “Por la ley de testigos protegidos de este país, es posible que la mafia sepa quién ha denunciado al final del proceso judicial”, denuncia el inspector.
No obstante, muchas de las chicas consiguen huir del infierno de las mafias. Los investigadores ponen todo de su parte para ayudar a estas mujeres. “Las protegemos todo lo que podemos, hemos llegado a cambiarlas de comunidad autónoma si consideramos que corren algún riesgo”. La unidad trabaja codo con codo con las ONGs, que están presentes en todo el proceso y que ayudan a las víctimas en su reinserción social y laboral. Además, como interlocutor social territorial, el Inspector Molina gestiona su permiso de residencia para que puedan permanecer en España.
Control en los prostíbulos
El grupo que dirige Molina se encarga también, como forma preventiva, de inspeccionar los prostíbulos para detectar posibles víctimas de trata de seres humanos. No obstante, desde la pandemia esta labor se les ha dificultado. Con el cierre de los clubes, muchos proxenetas trasladaron a las mujeres a pisos. "Tenemos que demostrar que es un lugar abierto al público y no un domicilio para poder entrar", lamenta.
Pese a todas las dificultades, el arduo trabajo de la unidad queda reflejado en las cifras. Solo en 2021, la sección primera realizó seis investigaciones contra las redes de trata con fin de explotación sexual, que culminaron con 60 detenidos, 27 víctimas identificadas y 38 posibles víctimas. En el mismo año, realizaron tres investigaciones sobre trata con fin de explotación laboral con 19 detenidos, cinco víctimas identificadas y cinco potenciales. En el caso de las investigaciones preventivas para la detección de explotación sexual, que no de trata, efectuaron un total de 52 investigaciones con 65 detenidos y 271 posibles víctimas. "Si no tenemos la declaración de las mujeres, no hay delito y no podemos tratarlas como víctimas aunque sospechemos que lo sean. No debería ser así, es una pelea policial, judicial y de las ONG constante. Ojalá cambie y podamos valernos de otros medios de prueba para condenar".