Golpe contra la pornografía infantil en Cataluña. La Audiencia de Tarragona ha condenado a 240 años de prisión al líder de una red dedicada a difundir material sexual y captar y usar a menores para su elaboración. Por ello, deberá indemnizar, además, con 315.000 euros a 18 de las víctimas.
En los registros domiciliarios tras el arresto del líder y otro integrante de la red de pornografía infantil, que también ha sido condenado por tribunal a 19 años de cárcel, fueron intervenidos dispositivos que contenían más de tres millones de archivos gráficos con contenidos sexuales de menores de origen diverso. La detención de ambos se produjo, por parte de los Mossos d’Esquadra, cuando se disponían a viajar a Málaga, el 29 de mayo de 2015.
Sociedad en Barcelona y residencia en Tortosa
El principal acusado, procesado por casi dos siglos y medio de prisión, había constituido en mayo de 2002 una sociedad en Barcelona para la comercialización de revistas y cintas por correo. “De la que hacía uso para proceder a elaborar reportajes fotográficos y audiovisuales de carácter sexual con menores de edad y a su distribución a través de correo postal y mediante Internet”, señala la sentencia.
No obstante, en 2011, el líder de la red cambió su lugar de residencia de la capital catalana a Tortosa (Tarragona). La sentencia apunta que durante el periodo comprendido entre 2002 y el 29 de mayo de 2015 --fecha en que se produjo el arresto--, ambos procesados llevaron a cabo conductas “destinadas a contactar con jóvenes de edades comprendidas entre los 11 y 17 años”. La mayoría eran menores “que se encontraban en situación de precariedad o dificultad”, dicta la resolución, por lo que les ofrecían “pequeñas cantidades de dinero o regalos” para posar desnudos. Algunas de las víctimas, además, estaban tutelados por el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
Una madre alertó a la Dgaia
La directora de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia), Ester Sara Cabanes, ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que está “contenta porque ya se ha acabado y porque las víctimas por fin podrán encontrar su paz”. Pero, además, ha recordado que los hechos se iniciaron en 2015 cuando la madre de un joven que estaba en el centro les explicó que su hijo “tenía una relación inadecuada con un señor”, aunque el joven lo negaba.
La Dgaia tuvo conocimiento que otros tres jóvenes se escaparon del centro varias veces e iban a casa de un hombre mayor. La directora ha apuntado que se realizó una investigación interna, se habló con los menores y luego se alertó a los Mossos d’Esquadra, que se lo comunicaron al juez para poder realizar una entrada y un registro en el domicilio del investigado. “Los magistrados han sido muy atentos, han estado muy pendientes de las víctimas y han tenido mucho cuidado con ellas. El juicio se celebró en 2019, pero se tuvo que repetir porque los principales inculpados huyeron”, ha sentenciado Sara Cabanes.