El ultimátum de Servicios Sociales a una familia que recibe ayudas públicas

“No queremos que Lela y los niños se vayan. Son un amor”, responde al otro lado del teléfono el recepcionista del hostal de Barcelona en el que residen desde hace cinco meses una mujer de nacionalidad georgiana y sus tres hijos menores de edad de nueve, siete y cuatro años de edad. Ahora, el Ayuntamiento de Barcelona les ha dado un ultimátum y amenaza con dejar de pagar el alojamiento si los progenitores de los niños no cumplen con los requisitos acordados para continuar con la ayuda pública que les brinda desde que llegaron a la capital catalana. 

Portal del Hostal Baires / LUIS MIGUEL AÑÓN (CG)

Lela y Omar aseguran que son filóloga y economista y que huyeron de Georgia tras el estallido de la guerra de Ucrania. Relatan que estaban asustados por la situación violenta en el país vecino y tras ser testigos de “cómo Rusia iba ganando territorio paso a paso” en las regiones ocupadas de Abjasia y Osetia del Sur, en marzo decidieron abandonar su país e instalarse en la Ciudad Condal. Así lo narra ella, que reconoce que desde entonces el Servicio de Atención al Inmigrante, Emigrante y Refugiado (SAIER), el servicio municipal especializado en movilidad internacional, les ha ayudado. El principal apoyo público que han conseguido es costear el alojamiento situado en Ciutat Vella.

¿La custodia de los menores en peligro?

Según el matrimonio, el SAIER les otorgó un alojamiento que ahora amenaza con retirar al alegar que no se han comprometido con los planes de trabajo que se les han ofrecido, extremo que ellos niegan. "Estamos dispuestos a hacer lo que haga falta", insiste Lela frente al hostal de la calle Avinyó, donde ha recibido el apoyo de varios vecinos del barrio. Asegura que desde el mismo servicio municipal les ha amenazado con dar aviso a la fiscalía de menores de Barcelona y a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) para que les retiren la custodia de los tres niños si este miércoles 24 de agosto no han encontrado un lugar en el que residir por su cuenta.

Concentracíon frente al Hostal / LUIS MIGUEL AÑÓN (CG)

“Ellos sabían desde principios de julio que el 16 de agosto tenían que abandonar el hostal”, expresan desde el establecimiento, el principal nexo entre la familia y los Servicios Sociales. “Le recordábamos cada día que tenían que arreglar su situación, pero Omar --que tienen prohibida la entrada al hostal por motivos que no han sido aclarados-- no mostraba ningún interés”, alega la misma fuente. Después de esta fecha, eran conscientes de que la administración pondría fin al pago del hostal, por lo que el matrimonio se quedaría en la calle. La familia prorrogó la estancia hasta el 23 de agosto por la presión de la plataforma Raval Rebel. 

Un recurso temporal

Esta entidad tilda de forma directa de “amenaza” la advertencia del consistorio y le acusa de “criminalizar a la familia de una situación creada por la propia administración". Aseguran que han asistido a reuniones de la pareja con el SAIER, la última celebrada el pasado 12 de agosto, y niegan que la familia haya negado vincularse con los Servicios Sociales municipales para que tutelen su situación, especialmente por la presencia de los tres menores de edad. Incluso van un paso más allá y cargan de forma directa contra DGAIA, a quien acusan de "intimidar a la familia para que salga del hostal, amenazándolos con que les quitarán a los niños", aseguran desde la plataforma

Carrer D'Avinyó, donde Raval Rebel ha dado su apoyo a la familia / LUIS MIGUEL AÑÓN (CG)

Con todo, esta narración contrasta con la municipal. Fuentes del consistorio aclaran que ni Lela ni Omar han iniciado la solicitud de asilo, el primer paso burocrático que necesitaban dar para poder regular su situación. Es indispensable para poder acogerse al plan estatal de refugiados. A pesar de ello, indican que se les ofreció “un recurso absolutamente temporal y circunstancial” que solo brinda el consistorio de la capital catalana y que está enfocado a mejorar la situación de los recién llegados en el país. 

No se da a fondo perdido, ya que también implica que los refugiados asuman compromisos con los Servicios Sociales locales. Los mismos interlocutores detallan que a la familia procedente de Georgia se le exigió que escolarizaran a los tres menores y que la pareja se comprometiese a asistir a las entrevistas con los responsables del programa, requisitos que no habrían cumplido. “Los hemos convocado a una nueva reunión para que accedan a ello. Lo único que se les solicita es que se vinculen al servicio hasta que resuelvan su situación en España, cosa que por el momento no ha sucedido", añaden.

“El plazo lo fijan ellos”

Sobre el plazo con el que cuenta la familia para quedarse o abandonar el hostal, desde el consistorio recuerdan que “lo fija su propio compromiso”. “Se han negado a ir a las entrevistas, se han negado a que se les haga un seguimiento social… y aunque no cumplen con los requisitos que se le expusieron estamos abiertos a intentarlo por cuarta vez”, manifiestan las fuentes oficiales. En cuanto al aviso de la retirada de custodia, el Ayuntamiento se desmarca de ello. “No tenemos constancia de que se les haya comunicado nada por el estilo”, aseguran mientras esperan que el matrimonio de su brazo a torcer y se vincule con los Servicios Sociales por el bien de los menores.

Concentración frente al alojamiento en el que se ubica la familia / LUIS MIGUEL AÑÓN (CG)

Por ahora, queda pendiente saber si asistirán a la próxima reunión a la que han sido llamados a asistir.