El fiscal atribuye los delitos de asesinato agravado, detención ilegal, violación continuada y tenencia ilícita de armas al hombre investigado por la muerte de un vigilante de seguridad de un burdel en Castell-Platja d’Aro (Girona) y la posterior violación de una prostituta. Los hechos tuvieron lugar en septiembre del 2020.
La acusación pública sostiene que el procesado, de 31 años y nacionalidad española, acudió al burdel y ofreció 2.000 euros –aunque no tenía dinero— a una mujer para pasar la noche juntos a condición de que fuera en casa de él. Ella aceptó siempre y cuando la acompañara hasta el inmueble un compañero de trabajo y cobrara el precio pactado, tal como recoge el escrito remitido por el fiscal al Juzgado de Instrucción 2 de Sant Feliu de Guíxols (Girona).
Muerte en el acto
De este modo, sobre la una de la madrugada del 13 de septiembre, los tres se subieron entonces al coche del vigilante y se dirigieron a una vivienda en Calonge i Sant Antoni. Allí, según el fiscal, el procesado, sin licencia de armas, cogió una escopeta de su padre, la escondió en el maletero y guió a las víctima hasta un camino de la urbanización Mas Pere, donde fingió que intentaba entrar en una casa. Fue allí donde, “con la finalidad de satisfacer sus deseos sexuales sin abonar el precio acordado” y consciente de que “el obstáculo” para ello era el vigilante, se dirigió al vehículo y “de manera rápida y sorpresiva y a sabiendas que la víctima estaba desarmada y no se podía defender” disparó.
El hombre falleció en el acto y el acusado se llevó a la prostituta hasta un paraje “solitario e inhóspito” de la urbanización, “apartado de miradas de terceras personas, así como de viviendas y vías públicas transitadas”, y agredió sexualmente a la mujer por primera vez, antes de repetir su comportamiento en otro punto más alejado. Ella no pudo escapar hasta las ocho de la mañana –para entonces, unos cazadores ya habían encontrado el cadáver del vigilante y el padre del agresor había denunciado el robo del arma—, cuando tuvo que huir “monte a través” hasta que pudo pedir ayuda en una gasolinera y, después, poner la denuncia. Con estas piezas, la policía detuvo al sospechoso horas después de los hechos.
Jurado popular
Como último paso antes de que el caso llegue a juicio en la Audiencia de Girona por el sistema de jurado popular, la fiscalía ha solicitado al juzgado que le remita la causa para formular el escrito de acusación, en el que solicitará las penas de prisión para el investigado por cada uno de los delitos que le imputa.