Este jueves ha arrancado en la sección 7ª del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el juicio oral contra Carles Escolà, exalcalde de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) por la CUP entre 2015 y 2019, por los presuntos delitos de prevaricación y acoso laboral. 

Los hechos por los que ha sido juzgado se remontan a mayo de 2018, cuando Escolà “aprovechando el pretexto de una supuesta problemática existente entre una secretaria y una interventora municipal, de forma irregular” abrió un expediente informativo --paso previo para incoar uno de carácter disciplinario-- contra la primera por no estar de acuerdo con su labor fiscalizadora, según la fiscalía. 

Escolà no tenía competencias

Escolà, guiado con el único fin de apartar de sus funciones a la secretaria, o al menos con la intención de crear un clima de presión para forzarla a abandonar el cargo que ocupaba desde 2011 en el Ayuntamiento, y viendo que las denuncias formuladas ante la Dirección General de la Administración Local de la Generalitat de Catalunya (DGAL) no habían tenido ningún recorrido, acordó abrir un expediente disciplinario por su cuenta para apartarla de su cargo. 

El 15 de mayo de 2018, a las 13.00, el exalcalde de Cerdanyola del Vallès pidió al departamento de RRHH que abriera un expediente informativo sobre la trabajadora municipal y pidió que se nombrara a una sustituta accidental con la excusa de que, al ser una de las partes involucradas en el proceso, no podría seguir ocupando su cargo ni tramitar su propio expediente. El mismo día, a las 17.00, Recursos Humanos emitió el informe solicitado por la Alcaldía, pero que las trabajadoras se negaron a firmar. Solo dos horas después, a las 19.00, el cupaire dictó una propuesta de resolución en la que acordaba abrir un expediente informativo, nombrar a un letrado municipal para determinar si la trabajadora había cometido faltas graves y apartarla de su trabajo. Esta propuesta, que debería haber sido firmada por Recursos Humanos, como marca el procedimiento habitual, la firmó únicamente Escolà, aunque no tenía competencias para ello. 

Cuestiona la profesionalidad de la víctima

Este jueves, el cupaire ha expresado durante su declaración ante el tribunal que solicitó la apertura de un expediente disciplinario porque tras su llegada a la alcaldía empezó a ver “actuaciones que no eran correctas” y que no le gustaban. El exalcalde, que se ha limitado a responde a las preguntas planteadas por su abogada, ha recordado que la secretaria “actuaba de manera contradictoria a las órdenes que se le solicitaban, evidenciando un desconocimiento de la legislación y haciendo manifestaciones políticas durante los plenos”, ha asegurado, dando a entender que la trabajadora no estaba capacitada para desarrollar correctamente su cargo. 

Sin embargo, no fue hasta que la secretaria emitió varios informes desfavorables sobre una empresa pública cuando el alcalde decidió actuar. Este informe, contrario a la decisión tomada por el consistorio, hizo aflorar un conflicto entre la víctima y una interventora del ayuntamiento, que la acusó de violencia psicológica y acoso. Aunque el alcalde reconoce que tras ponerlo en conocimiento de la DGAL esta respondió que “lo aportado no era suficiente como para incoar un expediente disciplinario”, acordó de motu proprio abrirle igualmente un expediente informativo --previo al disciplinario-- y emitió una propuesta de resolución en apenas cinco horas. 

Un escarnio público

La víctima ha declarado que, desde la emisión del informe desfavorable hacia la empresa pública, el consistorio inició una campaña de acoso y derribo sobre su persona. “Cuando emitía informes favorables, muy bien, pero cuando hice uno desfavorable empezaron a emitir expedientes en los que se decía que no estaba capacitada para desarrollar mis funciones”, llegando a desprestigiarla frente a los sindicatos y los medios de comunicación. 

“Me creó una inseguridad laboral tremenda. Cada día me despertaba pensando en por dónde iba a salir el señor Escolà”, ha declarado la secretaria. “Podía ser con un email descalificándome con copia al resto del Ayuntamiento o en cualquier reunión en la que no estaba presente, o felicitándome por realizar un informe positivo”. Según la afectada, el gobierno de Escolà llegó a decir que “suplantaba funciones, que ejercía abuso de poder y que hacía política por emitir informes que no les gustaban”.

Solicitan un año de prisión

Durante el tiempo que duró el proceso, más de dos años, el cupaire intentó abrirle un expediente disciplinario remitiendo informes hasta en tres ocasiones al Ministerio de Hacienda y a la DGAL, a pesar de que ambos organismos respondieron que "no había indicios de faltas graves o muy graves”, sino que los informes emitidos por la trabajadora formaban parte de sus funciones. Después de que Escolà dejara el cargo en 2019, el nuevo alcalde también solicitó paralizar el trámite de este expediente, a lo que se opusieron los servicios jurídicos del ayuntamiento. Aunque tanto la DGAL como el letrado de la víctima han solicitado al Juzgado Contencioso Administrativo que se cierre este proceso, los letrados del Ayuntamiento lo han recurrido al TSJC, por lo que sigue pendiente de resolución. 

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal apunta a que el edil actuó a sabiendas de que “su iniciativa era completa y plenamente irregular” y que obedecía solo a un “caprichoso deseo de expulsar del ejercicio de sus funciones” a la secretaria o para “incomodarla de forma tan intensa y desagradable” que ella misma optara por solicitar un traslado. Insiste en que el expediente informativo excedió su objeto y dañó la honorabilidad de la víctima, que se vio “expuesta a una campaña pública de desprestigio”. Por estos presuntos delitos, solicita para el cupaire 12 años de inhabilitación y la pena de un año de prisión.