Abortar de manera gratuita sigue sin ser un derecho garantizado para todas las mujeres que residen en Cataluña. Si eres inmigrante, el proceso de la interrupción voluntaria del embarazo puede convertirse en una carrera de obstáculos contrarreloj. Su situación administrativa irregular y la falta de padrón son unas de las principales trabas con las que se encuentran estas mujeres.
Sin padrón no pueden obtener la tarjeta sanitaria y sin ella, no pueden acceder a la sanidad pública. Este escollo legal perjudica a un grupo de personas vulnerables que no pueden empadronarse "porque acaban de llegar a España o porque no tienen vivienda fija", explica Anna Martínez, miembro de la Plataforma por una Atención Sanitaria Universal en Cataluña (Pasucat).
El gran obstáculo: el padrón
“Hay personas que llevan 15 años residiendo en Cataluña y que, por un motivo u otro, no han podido empadronarse y siguen sin tener acceso a la sanidad pública”, explica Martínez. Numerosas entidades en defensa de la atención universal llevan años reclamando --sin éxito-- que el Parlament blinde el derecho al aborto de las mujeres migrantes sin necesidad de tener tarjeta sanitaria o estar empadronadas en Cataluña.
“Desde el momento en el que quieres abortar pero no tienes padrón, comienza un laberinto de obstáculos que van desde el idioma hasta la desinformación por parte de los profesionales”, aseguran fuentes de la asociación feminista Marea Verde Barcelona. En este sentido, explican que, antes de la pandemia, se sentaron con el Instituto Catalán de la Salud (CatSalut) para exigir la elaboración de un decreto ley que facilite el acceso al aborto gratuito a mujeres migrantes pero que, “con la excusa del Covid, no ha avanzado”.
Imagen de archivo de una tarjeta sanitaria catalana / EUROPA PRESS
Barrera idiomática y desinformación
Otro de los obstáculos con los que se topan las mujeres inmigrantes que quieren interrumpir su embarazo es la desinformación. “Muchas personas no saben que abortar es un derecho y menos que es gratuito. Cuando llegan a los Centros de Atención Primaria, se encuentran con un recepcionista que lo primero que les dice es que tienen que pagar, cuando a veces existen otras opciones”, explican desde la asociación feminista MIKA.
En ocasiones --siempre y cuando van acompañadas de alguna asociación-- consiguen que se les atienda de manera urgente, pero siempre depende de la disposición de los médicos o incluso de quienes se encuentren tras los mostradores administrativos, explica Martínez. La barrera idiomática también supone una traba importante para muchas mujeres, ya que no les permite recibir la información correctamente. “No saben lo que están firmando y muchas veces los profesionales no se aseguran de que ellas los hayan entendido”, denuncia una de las portavoces de Marea Verde.
Obstáculos
La llamada ‘Ley de Plazos’, establece que el embarazo puede interrumpirse, de manera libre y sin tener que dar motivos, durante las primeras 14 semanas de gestación. Entre las 14 y las 22 semanas, solo está permitido si existe un diagnóstico médico que lo justifique. “Cada semana que pasa es más difícil que puedan abortar”, asegura la miembro de Pasucat.
No todas las mujeres pueden permitirse esperar a conseguir un padrón o el dinero suficiente para pagar una clínica privada. Desde las asociaciones, aseguran, hacen todo lo posible para ayudar a este colectivo: “Las acompañamos a los centros de salud, hablamos con el personal sanitario e incluso, cuando no hay otra opción, las empadronamos en nuestras casas”, explican las de Marea Verde. “Todos estos obstáculos solo provocan que algunas mujeres se vean obligadas a continuar con el embarazo no deseado o, en algunos casos, que aborten de forma clandestina. Ese es el problema”, añade una de las portavoces de MIKA.
Un profesional realiza una ecografía a una mujer embarazada / EP
El resultado: "Exclusión"
Las consecuencias de todas estas barreras son la "exclusión", recuerdan. "Lo que se legisla como un derecho no se garantiza después. Por eso siempre decimos que un derecho de este tipo nunca tiene que darse por adquirido, siempre hay que defenderlo". Coincide con ellas Anna Martínez, quien crítica que, aunque sobre el papel parece que "las cosas han mejorado", en la práctica siguen encontrándose con "mil obstáculos".
Esto no es solo supone una vulneración de un derecho fundamental, señalan las activistas de MIKA, sino que además se trata de una "violencia institucional en torno a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres". Así, denuncian que siguen existiendo barreras y retrocesos respecto al derecho al aborto a nivel global. "No hace falta más que ver lo que ha pasado en Estados Unidos recientemente..." concluyen.