Este miércoles el presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, Antonio Recio, ha presentado la memoria de actividad de los órganos judiciales de la provincia correspondientes a 2021. Recio ha basado su exposición en una reivindicación de mayores recursos para la administración de justicia, que redundaría en una mejora de los tiempos de resolución que manejan los juzgados en la actualidad.

En concreto, y basándose en las cifras que recoge La factura de la injusticia, un análisis de Juan Sebastián Mora Sanguinetti, Recio ha asegurado que si se destinara una mayor inversión --o al menos los fondos estuviesen bien orientados-- "las grandes empresas podrían reducir las provisiones para posibles litigios, de 12.000 millones de euros en la actualidad", Además, esta inversión también redundaría en una reducción en los plazos de resolución de los casos, lo que supondría un aumento de 3.100 viviendas de alquiler solo en la ciudad de Barcelona". 

Solicitan un aumento de plantillas

El presidente de la Audiencia de Barcelona ha explicado que la paralización de la actividad durante la pandemia ha tensionado a los juzgados de la provincia, que en algunos casos están registrando un aumento de ingresos por encima incluso de 2019, la época prepandémica. A esto se suma la falta de magistrados como consecuencia de un recorte presupuestario del Ministerio de Justicia. 

"Necesitamos ampliar las plantillas", ha anunciado Recio. En el año 2021 se ha producido un repunte de ingresos en las secciones civiles de la Audiencia de Barcelona. "Todos los casos que no entraron en 2020 lo hicieron en 2021 con la misma intensidad que en 2019". El año pasado las secciones civiles recibieron 16.000 casos frente a los 12.500 del año anterior. Teniendo en cuenta que en estas secciones hay 56 magistrados cada uno debería resolver 300 asuntos al año de media, cuando lo marcado en los módulos de carga de trabajo es un máximo de 200 por juez. 

Recortes presupuestarios

En las secciones penales de la Audiencia de Barcelona la situación es similar, con un repunte en 2021 hasta alcanzar un registro de más de 22.000 asuntos frente a los 18.000 del año anterior y a los 20.800 de 2019. "El ingreso de casos resulta excesivo. Cada magistrado tiene que atender 390 asuntos, cuando solo debería ocuparse de 300", ha denunciado Recio. Las estadísticas reflejan la imposibilidad que tienen los jueces para resolver la totalidad de los casos, con un aumento de los casos en trámite hasta alcanzar los 7.000 en 2021 por la falta de refuerzos a causa de los recortes presupuestarios. 

En los juzgados de la provincia de Barcelona, excluyendo los da capital, la situación más preocupante es la que afecta a los juzgados de primera instancia. A diferencia de las previsiones de Justicia, que creyó que los juzgados más golpeados durante la pandemia serían los de lo contencioso --por las sanciones-- y los de lo social, los peor parados han sido los de primera instancia. "La causa deriva de la suspensión de los alquileres, que ha generado mucha conflictividad entre los propietarios y los vecinos, y de los impagos de hipotecas y otros préstamos", ha explicado el presidente. Hoy por hoy hay más de 50.000 asuntos en trámite, por lo que se han solicitado refuerzos que no han sido autorizados por el Ministerio de Justicia a causa de un reajuste presupuestario. 

Demoras de hasta medio año

En este sentido, el presidente ha lamentado que desde el 1 de enero de 2022 se hayan recortado los refuerzos solicitados desde el Ministerio de Justicia. "No vamos a poder resolver con la misma intensidad con la que veníamos haciendo". En los casos de las secciones civiles, esto repercutirá en una demora de hasta medio año. "Ahora tenemos sobre 1.000 asuntos por sección, pero prevemos más de 1.300 asuntos este año. La capacidad de respuesta de una sección de cinco magistrados es de 200 trámites por cabeza, lo que hacen 1000, no 1.300". 

La situación es la siguiente: los juzgados más colapsados son los de primera instancia, que están un 69,56% por encima de su capacidad. Las secciones civiles de la Audiencia están un 40% por encima y las especializadas en derecho mercantil se sitúan un 353% por encima de su capacidad a consecuencia de las cláusulas suelo. Las secciones penales, por encima un 30%, no pueden garantizar la celebración de juicios de muchísima relevancia dentro de plazo. 

Una nueva audiencia para Barcelona

Los que gozan de mejor salud son los juzgados de familia --donde los asuntos en trámite han descendido de los 6.800 en 2020 a los 5.700 en 2021--, los de violencia sobre la mujer y los de instrucción. No obstante, las buenas cifras de estos últimos enmascaran la realidad de las tareas cotidianas de los magistrados. Estos juzgados padecen un problema que va más allá de las estadísticas: las macrocausas, asuntos de enorme complejidad que condicionan el ritmo de trabajo de los jueces. 

En relación a las macrocausas, Recio ha solicitado la construcción de una nueva audiencia por la carencia de salas para la celebración de los macrojuicios, para facilitar el acceso de ciudadanos y estudiantes y para que los periodistas puedan realizar su trabajo de forma correcta. También ha pedido una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "que reduzca el número de recursos, garantizando el derecho a la defensa, pero que no dilate tanto la fase de instrucción". 

Especial foco en los juicios rápidos

Además, de cara a verano los juzgados de lo penal intentarán agilizar la celebración de los juicios rápidos. La intención es que la respuesta llegue a tiempo, que sea lo más rápida posible y que favorecerá la persecución de la delincuencia en un momento importante para Barcelona, que empieza a ser testigo del regreso del turismo y la reactivación económica.