Imputan a la cúpula del Colegio de Procuradores de Barcelona por revelación de secretos

Un juez ha imputado a la cúpula del Colegio de Procuradores de Barcelona por un presunto delito de revelación de secretos. El juez ha citado a declarar a varios miembros de la junta, entre ellos su decano, Ángel Quemada Cuatrecasas, a raíz de una querella que les acusa de acceder irregularmente a datos de procesos judiciales. La imputación deriva de una querella presentada por el procurador Miguel Torres, a quien el Colegio de Procuradores le reclamó 2.629 euros en cuotas colegiales por intervenir en procedimientos judiciales de Barcelona pese a que estaba colegiado en Guadalajara. 

El procurador mantiene que el Colegio de Barcelona le remitió un listado con datos confidenciales de los procedimientos judiciales en los que intervino en Cataluña para exigirle una serie de cuotas colegiales. Por estos hechos, el juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona ha llamado a declarar a 11 integrantes de la anterior junta directiva del Colegio, entre ellos cinco que siguen formando parte de la actual, por un delito de revelación de secretos, según ha podido saber Efe. 

La segunda querella de Torres

El denunciante sostiene que el listado remitido por el Colegio de Procuradores de Barcelona incluye la fecha de los escritos de personación presentados por él mismo en los distintos órganos judiciales, así como en algunos casos la identidad de las partes personadas o el número de procedimiento judicial, un hecho que, según él, se habría realizado "mediante el acceso informático no autorizado a los ficheros de juzgados y tribunales". Torres sostiene que el Colegio actuó sin el conocimiento de los jueces o letrados de la administración de justicia, lo que en su opinión constituye un delito de revelación de secretos.

Sin embargo, fuentes de la entidad han confirmado a Efe que ya se archivó otra querella muy similar presentada en 2017 por el mismo procurador, al no apreciar delito. No obstante, los miembros de la junta del Colegio colaborarán con el juzgado en todo lo que sea necesario para esclarecer los hechos dado que confían "plenamente" en la administración de justicia.