Los cuidados tras la ley de dependencia

El 3% de la población española necesita apoyos para desarrollar actividades del día a día. A fecha de 31 de diciembre de 2021, en España había casi un millón y medio de personas en dependencia reconocida, según la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Sin embargo, el 13% de usuarios con este derecho seguía a la espera de obtener la prestación y más de 120.000 expedientes continuaban con su situación pendiente de valorar.

Durante 2021 fallecieron, por cualquier motivo, 46.300 personas en listas de espera de la dependencia. Esto supone que cada día mueren más de 127 personas dependientes a la espera de recibir la atención solicitada. Aunque la ley establece en seis meses el plazo para la tramitación de un expediente, el tiempo medio es de 421 días y en Cataluña, Canarias, Andalucía, Murcia y Extremadura supera los 18 meses. Entre estas comunidades, la catalana registró el año pasado el mayor número de muertes en estas listas.

Plan de choque del Gobierno

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 aprobó junto a las comunidades autónomas a principios del año pasado un Plan de Choque de Dependencia. El proyecto contemplaba una inyección de 3.600 millones de euros hasta 2023, lo que supone un aumento del 48% del presupuesto para esta partida.  

Según la auditoría realizada por el Observatorio Estatal de la Dependencia, el plan ha conseguido mejoras en la situación de los dependientes, pero queda lejos de los objetivos marcados. De las 120.000 personas que el plan preveía incorporar para recibir la prestación de dependencia, solo han accedido 97.912. Según el informe, la burocracia administrativa y la inoperancia de las comunidades autónomas explican el incumplimiento. Entre estos territorios, Canarias, La Rioja y Cataluña son las únicas en las que ha aumentado las listas de espera para acceder a las prestaciones.

Eva, a cargo de tres personas

La coordinadora de la Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia en la Comunidad Valencia, Eva Guzmán, afirma que, aunque en los últimos años se han experimentado avances en la protección de las personas dependientes, se debe incidir en asegurar una cobertura total. En su caso, está a cargo de tres personas: su madre, de 75 años con alzheimer; su hermana, de 54 años con menos del 2% de visión; y su hija, con un derrame cerebral, ansiedad y episodios de doble personalidad. Incluso, en los días festivos cuida de la hermana mayor de su madre, también dependiente.

Guzmán cuenta que dedica su vida a los cuidados de sus personas más cercanas: “Mis días son una continuación del confinamiento”. También protesta por la cuantía de las ayudas recibidas: 268 euros por la hija y 153 por la madre, sus únicos ingresos. “Al final no sé si dependen ellas de mi o yo de ellas”.

Sin poder trabajar

La cantidad de las ayudas y el reconocimiento de la labor de las cuidadoras es otra de las quejas de Guzmán. “No me dieron el Ingreso Mínimo Vital ni la Renta de Inclusión porque no cumplía los requisitos. Estoy separada de hecho, pero no con papeles y como mi esposo tiene una nómina alta, no puedo acceder a la prestación. Me responden que me busque un trabajo”, relata.   

La coordinadora de la Plataforma en defensa de la Ley de Dependencia se pregunta a ver qué trabajo puede ofrecer ella. “Me han dicho que cuando concedan el reconocimiento de dependiente a mi tía, enviarán una cuidadora para ayudarme, pero ¿quién me va a contratar si tengo que estar todo el rato pendiente del móvil? Cada vez son más mayores y tienen más riesgos”, cuenta.

Las cuidadoras

Guzmán manifiesta que, al cuidar de las personas dependientes, la administración ahorra dinero de hospitalizaciones o médicos de cabecera. “Lo que hacemos revierte en el bien común”. Así, reclama programas de respiro para las cuidadoras y un reconocimiento de la labor que realizan.

Según la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, a finales de abril había 67.560 personas registradas como cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia. De estas, el 88,6% son mujeres y, la mayoría, tiene más de 50 años. Estos cuidadores están incorporados a la Seguridad Social a través de un convenio especial y sus cuotas las abona el Estado.

Rafael, en lucha con la administración

El padre de Rafael Linero es dependiente y tiene alzhéimer. Estuvo esperando cuatro años que le concedieran el tercer grado de dependencia. Al final, se lo aceptaron, pero sin carácter retroactivo. “Tenía una ayuda a domicilio de dos horas, pero empeoró y le tuvimos que meter a un asilo, entonces necesitamos cambiar la ayuda. La administración nos aseguró que en dos meses lo habrían solucionado, pero llevamos diez esperando porque han perdido la documentación”, asegura.

Linero señala que, al igual que su padre depende de los cuidados familiares que le presta su madre, muchos dependientes están en manos de personas mayores sin capacidad de enfrentarse a las trabas burocráticas. “Mis padres se mantienen gracias a su pensión. Una persona con alzhéimer vive unos diez años, con la espera para la revisión de la dependencia y la lista de espera para acceder a la ayuda, está la mitad del tiempo sin cobrar. Mi padre ha superado muchas cosas, hasta el covid, pero no lo que no va a superar es la espera de la ayuda”, zanja.

Aurora y la salud mental

Aurora tiene un hijo de 32 años con asperger. Explica que tiene un asistente personal durante ocho horas diarias desde hace año y medio: “Gracias al apoyo de esta persona, mi hijo tiene una independencia muy grande del entorno familiar”. Sin embargo, cuenta que esta ayuda no llegó hasta después del confinamiento domiciliario, lo que le supuso constantes reclamaciones a la administración. “Siempre somos las mujeres las que tenemos que dejar nuestra vida privada a un lado y convertirnos en apoyo. Esto también traba nuestras vidas y nuestra salud”, asegura.

Aurora asegura que la salud mental no es una prioridad para el gobierno central. “Dicen constantemente que van a reforzar la salud mental en la atención primaria, pero es un sálvese quien pueda. Los que tenemos un nivel económico más alto nos hemos podido pagar un psicólogo, pero hay gente que vive colapsada”.

Lupe y las trabajadoras sociales

Los padres de Lupe Arana fallecieron como personas dependientes. En el caso de la madre, estuvo 22 años con alzhéimer. Cuando se aprobó la ley de dependencia, esperó cuatro años para acceder a las prestaciones, de los que solo cobró dos. Después, cuando con los recortes de 2012 el Estado dejó de pagar la Seguridad Social a los trabajadores no profesionales, tuvo que buscar una trabajadora junto a sus hermanos. “Tenemos la suerte de ser seis y poder aportar entre todos, pero la mayoría de las familias tienen que dejar el trabajo, con toda la carga que esto supone”.

Arana también explica que falta regular la estabilidad laboral de las trabajadoras sociales. “Las cambian de ubicación constantemente y les cuesta adaptarse a las nuevas realidades. Imagino que el problema es que faltan recursos y personal, por lo que no deja ser un problema económico de la Administración”, sentencia.

Freno al cambio del modelo residencial

Las personas con un nivel alto de dependencia sin familiares que puedan hacerse cargo acuden al modelo residencial. El pasado 25 de mayo, el Ministerio de Derechos Sociales se reunió con las comunidades autónomas para aumentar los ratios de cuidadores en residencias y reducir el número de usuarios por centro. Sin embargo, el texto no consiguió el consenso necesario ya que las comunidades autónomas reclamaron una mayor financiación.

Las patronales del sector, en el que el 73% de las plazas son privadas, tampoco aprobaron el proyecto al considerarlo inviable. Los sindicatos también rechazaron el acuerdo ya que "ninguna de las medidas mejora la calidad del empleo". La Plataforma Estatal de Familiares de Residencias también ha criticado el texto ya que consideran que "los cambios en las cuestiones primordiales son insuficientes y no garantizan un cambio de rumbo en la dependencia".