Los Mossos d’Esquadra han detenido a un médico de la Conselleria de Interior por presuntamente abusar de tres mujeres que pertenecen al cuerpo de la policía autonómica. En febrero de 2020 un primer testimonio alertó al departamento, cuando una agente denunció un presunto caso de abuso sexual por parte de un facultativo durante una exploración médica en septiembre de 2019.
A raíz de este primer caso, los dirigentes de la Consejería decretaron medidas cautelares contra este médico --que ejercía en el servicio de vigilancia de salud laboral-- y a quien obligaron a estar acompañado mientras hacía visitas a pacientes mujeres.
Suspensión de empleo y sueldo
Según han explicado fuentes de la Conselleria de Interior a Crónica Global, al iniciar su cargo el conseller Joan Ignasi Elena activó "la defensa jurídica a la víctima". Meses más tarde, tras conocer nuevas diligencias judiciales sobre el caso, abrió un primer expediente disciplinario al presunto autor prohibiéndole exploraciones médicas a mujeres.
Dos años más tarde, en febrero de 2022, el departamento recibió una segunda denuncia por parte de una mosso que aseguraba ser víctima de abusos sexuales por parte del mismo médico y en las mismas fechas. Dada la reiteración de los casos, en el mes de mayo se hizo efectivo un segundo expediente disciplinario con la suspensión de empleo y sueldo del presunto agresor.
El 'conseller' de Interior, Joan Ignasi Elena / EUROPA PRESS
Pena de entre cuatro y diez años
En los dos casos las víctimas denuncian que, durante muchos meses, no se han sentido acompañadas por parte de la Dirección General de la Policía. El 20 de mayo se tiene conocimiento de un tercer caso de abuso sexual por unos hechos sucedidos en las mismas fechas, pero que no fueron denunciados. Una vez presentada la denúncia, se procede a la detención del presunto autor.
El médico fue arrestado el pasado viernes y pasó a disposición judicial el domingo. El juez decretó su libertad con cargos con una acusación de abuso y, por estos hechos, se enfrenta a una pena que oscila entre los cuatro y los diez años "ante la gravedad de los hechos cometidos", apuntan desde Interior.