Este jueves se han presentado las conclusiones definitivas del juicio iniciado el pasado 3 de marzo contra 23 personas por su presunta vinculación con una trama corrupta formada por funcionarios públicos y por propietarios de viviendas para la concesión fraudulenta de licencias de pisos turísticos en Ciutat Vella. Las dilaciones indebidas en la instrucción de la causa -iniciada en 2009-- y los acuerdos alcanzados entre la fiscalía y 15 de los acusados, ha rebajado sustancialmente las penas.
El primer día de juicio, la Fiscalía Anticorrupción acordó retirar los cargos contra tres de los procesados, mientras que hoy, tanto la fiscal como la Generalitat --en calidad de acusación popular-- han retirado la acusación contra Natividad Román Paez, jefa de los servicios jurídicos del distrito, que ha salido absuelta de todos los cargos al no haber quedado demostrado durante el juicio que cometió el delito de malversación que se le atribuía.
Ariza rechaza el acuerdo
Este jueves las defensas de los 15 acusados que llegaron a un acuerdo de conformidad con la fiscalía se han adherido a las calificaciones finales del Ministerio Público, confirmando que aceptan las penas acordadas, muy inferiores a las que solicitaba inicialmente.
La fiscal durante la exposición de las conclusiones definitivas / CIUTAT DE LA JUSTICIA
Los principales acusados son Heliodoro Eugenio Lozano, exdirector de los Servicios Técnicos de Ciutat Vella, que ha aceptado una pena de dos años y medio de prisión, mientras que el ingeniero e intermediario Joaquín Quílez, ha admitido la pena de cuatro años y medio, de los 20 que inicialmente reclamaba para él la fiscalía. La que no ha aceptado el acuerdo de conformidad ha sido la asesora jurídica del distrito de Ciutat Vella, Elena Ariza, que se enfrenta a nueve años de prisión. Además, todos ellos han renunciado a hacer uso de la última palabra para no tener que comparecer el próximo martes en la Ciutat de la Justicia.
El nexo con el 'caso Saratoga'
Tal y como ha recordado durante la sesión de este jueves la fiscal, el caso se destapó “de forma casual” en 2009 en el marco de la investigación del caso Saratoga-Riviera. Fue el hallazgo de un papel que lo vinculaba con Heliodoro Lozano en la casa de Joaquín Quílez, investigado por el escándalo de corrupción policial, lo que dio lugar a la apertura de una causa separada. Hechas las averiguaciones pertinentes se descubrió que, de las conversaciones mantenidas entre Quílez y Lozano se podía inferir un presunto delito de cohecho fruto de “una relación inadecuada entre un particular y un funcionario público” sobre licencias de apartamentos turísticos en Ciutat Vella. Paralelamente, Itziar González, concejal del distrito de Ciutat Vella, remitió a la justicia un correo electrónico en el alertaba sobre la estrecha relación entre ambos.
Tras una segunda entrada en la casa de otro de los investigados, se encontró un informe firmado por Elena Ariza, y que en ningún caso podía estar bajo el poder de un ciudadano, lo que destapó que varios particulares habían pagado a funcionarios públicos del Ayuntamiento de Barcelona para obtener expedientes fraudulentos. Este entramado nace de la aprobación en junio de 2005 de un plan especial del Ayuntamiento de Barcelona para reducir el número de licencias ante la proliferación de los pisos turísticos. El consistorio prohibió emitir nuevas licencias excepto para aquellos propietarios que obtuvieran previamente una licencia municipal urbanística de cambio de uso. Ante el aluvión de solicitudes, en 2008 el consistorio creó un equipo de trabajo encargado de revisar estas peticiones, del que formaban parte algunos de los imputados. El análisis pericial de los ordenadores de los acusados aportó más información sobre un posible delito de cohecho y malversación, que motivó la detención de Quílez.
Cartas amenazantes y pagos ilegales
Tras su detención, el ingeniero no solo reconoció los hechos sino que explicó, además, en qué emplazamientos se habían realizado las licencias fraudulentas y cuáles habían sido las gestiones realizadas. También lo han reconocido durante el juicio los 15 acusados que aceptaron el acuerdo el Ministerio Fiscal. “En los casos en los que se pagó, las licencias se concedieron”, ha asegurado la fiscal. En su exposición de conclusiones definitivas el Ministerio Público ha señalado a los tres principales acusados como responsables del núcleo duro de esta trama. “La señora Ariza obtuvo el control absoluto" de la expedición de licencias en Ciutat Vella y "mantenía un contacto directo con el señor Lozano”. Era, sostiene la fiscal, la pieza clave que tenían Lozano y Quílez en el distrito para seguir cobrando 'mordidas' de la forma que habían orquestado desde un principio.
Otra prueba, insiste la fiscal, son las cartas amenazantes que recibieron Itziar González, concejal del distrito, y Lourdes Conesa, arquitecta técnica de Ciutat Vella --ambas alertaron de lo que estaba sucediendo-- por parte de Joaquín Quílez. De hecho, a González llegaron a robarle el ordenador de su propia casa --aunque no es objeto de este juicio--. Asimismo, las amenazas explicitas que recibieron motivaron la salida de Conesa del distrito de Ciutata Vella. Por estos hechos, Quílez tendrá que pagar 82.000 euros a las afectadas.