La familia de la víctima del crimen de la Guardia Urbana, Pedro Rodríguez, ha pedido a la Audiencia Nacional que abra una investigación para determinar si cometió un delito de alzamiento de bienes al ceder su casa a su padre para declararse insolvente y no abonar la indemnización.
La acusación particular advierte de que Rosa Peral habría cedido el 50% de la vivienda que compartía con Pedro Rodríguez –el escenario del crimen—cuando ya estaba condenada por asesinato. Además de los 25 años de prisión, el juez le impuso el pago de una indemnización de 885.000 euros junto a Albert López.
La cesión, posterior a la sentencia
Ahora, el abogado de la familia del fallecido pide a la Audiencia Nacional que esclarezca “las circunstancias” de la cesión de la vivienda. Pretende conocer si el traspaso del 50% de la propiedad, ubicada entre Vilanova i la Geltrú y Cubelles, fue irregular, porque Peral ya sabía que tendría que afrontar la indemnización junto a López. Por eso, la defensa considera que lo hizo con la intención de declararse insolvente.
La cesión se produjo después de que la Sala de Apelaciones de la Audiencia ratificara la condena, pero también de que lo hiciera, meses después, el Tribunal Superior, primero, y el Constitucional, después.
Recibían una asignación de la GUB
Además, el letrado ha pedido conocer detalladamente los ingresos que recibieron Rosa Peral y Albert López de la Guardia Urbana de Barcelona (GUB) después de su arresto, en 2017.
En mayo de ese año, ambos fueron suspendidos de empleo y sueldo pero continuaron recibiendo una asignación mínima hasta la emisión de la sentencia firme, en septiembre de 2021. No obstante, la aportación no les fue retirada hasta diciembre del año pasado, cuando finalmente ambos fueron despedidos del cuerpo.