Los cuatro agentes de Mossos d’Esquadra que abatieron a los terroristas del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils han demandado al Govern. Los agentes --reconocidos como víctimas del terrorismo y con secuelas psicológicas de distinta gravedad-- han llevado a los tribunales al Departamento de Interior y reclaman una indemnización de 1,2 millones por los “daños y perjuicios” sufridos. Los policías han acudido a la justicia después de que esta consejería haya ignorado su reclamación en la vía administrativa.
Dos de estos agentes estuvieron en el atentado de Cambrils, ocurrido en la madrugada del 18 de agosto de 2017, horas después del atropello múltiple en la Rambla de Barcelona. El mosso abatió a cuatro de los cinco terroristas de Ripoll. Este, conocido como el héroe de Cambrils, ha dejado el cuerpo tras obtener la incapacidad permanente total.
Agentes de los Mossos desplegados durante un posible atentado en un hotel de las Ramblas / PABLO MIRANZO (CG)
Días de baja y estrés postraumático
Según explica El País, el abogado de los agentes José Antonio Bitos considera que la Generalitat debería asumir la responsabilidad porque los daños los padecieron estando en servicio: días de baja, estrés postraumático y otras secuelas psicológicas. La demanda, a la que ha tenido acceso ese medio, sostiene que Interior debe “resarcir” a los agentes que hayan sufrido perjuicios por parte de terceros en el desarrollo de su trabajo. Lo recoge la ley de la policía catalana de 1994 y también una reciente sentencia del Tribunal Supremo, de 2020.
Los cuatro policías que acabaron con la vida de los yihadistas han sido reconocidos por el Ministerio del Interior como víctimas del terrorismo. Para justificar los 1,2 millones que reclaman, el abogado se basa en la sentencia de la Audiencia Nacional sobre los atentados del 11M, que concluyó que los actos del terrorismo causan un daño “superior a cualquier otro delito” y suponen un “plus estigmatizante” para la víctima. Además, fijó una indemnización de 30.000 euros, como mínimo.
Flores colocadas por el cuarto aniversario del atentado en Las Ramblas / PABLO MIRANZO
La ley de protección integral de las víctimas de terrorismo (2011) limita las indemnizaciones de las que se hace cargo el Estado ante un atentado en caso de insolvencia o fallecimiento de los autores: 500.000 euros por fallecimiento o 300.000 por incapacidad permanente absoluta.