El incendio de Santa Coloma reabre el debate de los conflictos vecinales por okupación

Los problemas de convivencia atormentan a los vecinos en Santa Coloma de Gramenet. Algunos, generados por el aumento de las okupaciones en la ciudad. El incendio de la madrugada de este miércoles ha reabierto el debate sobre los conflictos a los que deben hacer frente los residentes ante esta lacra. El fuego del número 23 de la calle Sant Joaquim ha acabado con la vida de tres personas. En él vivían exokupas que llegaron a un acuerdo con la dueña del inmueble para pagar un alquiler social a cambio de no ser desahuciados. Sin embargo, según ha podido saber Crónica Global, “sólo uno de ellos pagaba. El resto, abonaba un mes y luego, nada”. 

Pero este no es un caso aislado. A pocos metros, en el número 43 de la calle Llorenç Serra, los vecinos viven otro calvario. Paco es uno de los que más trabaja para solventar este problema. En septiembre de 2021 hizo una recogida de firmas para instar al ayuntamiento a desalojar y a tapiar el inmueble. Tal y como explica, el consistorio “echó a quienes daban más problemas, pero sigue okupado”. "Se van unos y llegan otros". Algunos de los antiguos allanadores acumulaban denuncias y “hasta 25 detenciones por venta de drogas, robos, vandalismo, agresiones y atracos con arma blanca”. El último episodio ocurrió el pasado domingo, cuando los Mossos d’Esquadra tuvieron que acudir tras recibir el aviso de una pelea “con hachas y machetes”. Las tiendas de alimentación de la zona aseguran a este medio que sufrían robos frecuentemente. 

Los vecinos, inseguros

Las personas de éste y del bloque incendiado esta semana están “relacionadas”, advierten los vecinos, pues se trata “de la misma gente que se mueve entre ambos”. Ello podría explicar que, de forma casi paralela, se incendiasen los dos edificios a la vez, cerca de las cinco de la madrugada. Hoy por hoy, todavía no hay una confirmación oficial sobre si los dos casos están relacionados, uno de ellos con consecuencias devastadoras. 

No es la única zona afectada por la inseguridad. Los residentes de otros barrios, como el de Santa Rosa o el Raval sufren amenazas y enganches de luz. En la calle de San Andrés, por ejemplo, los vecinos han notificado “apagones en toda la vía”. O en la calle Pirineos, donde “todos los días hacen fiestas, dejan comida en el suelo, ocupan toda la acera, ponen la música a tope y hacen barbacoas cada dos por tres en el entresuelo”. “Se creen que el barrio es suyo y, si les dices algo, te acusan de querer buscar pelea”, explica una vecina del barrio del Raval. 

Okupas a pocos metros del ayuntamiento

En los sitios más céntricos también tienen esta lucha. En la plaza de la Vila, a 150 metros del Ayuntamiento de Santa Coloma, también se observan edificios allanados “desde hace años, parando incluso proyectos urbanísticos”. Así lo explica el concejal de Ciudadanos Dimas Gragera, quien en declaraciones a este medio lamenta que la remodelación de parte del casco antiguo de la ciudad haya quedado “paralizada porque el consistorio todavía no ha desalojado a los okupas” de esos inmuebles. 

Ante este panorama, desde la oposición critican la actitud “triunfalista” que exhibe la alcaldesa de la ciudad, Núria Parlon (PSC), a través de las redes sociales. En ellas muestra una ciudad segura que no tiene “nada que ver con la realidad”. También le recriminan la “poca transparencia” a la hora de explicar los datos sobre viviendas okupadas y enganches de luz. Exigen a todas las administraciones, también a la Generalitat, que trabajen conjuntamente para “garantizar la seguridad en los barrios. Un derecho al que no tenemos que renunciar”, dice.  

Policías locales en el lugar del incendio en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) / NC

Reclamaciones de la oposición

Desde la formación naranja han reclamado en plenos anteriores un plan antiokupación. Entre las medidas, solicitan la apertura de una oficina de atención a los vecinos que sufren este problema para poder hacer un mapa de la situación. Algo a lo que, según explican, el ayuntamiento “se ha negado” a hacer. También instan a “realizar una inspección de los enganches de luz ilegales en el municipio y a que acuerde con las compañías eléctricas y administraciones correspondientes soluciones y sanciones". 

También reclaman "más efectivos de policía, cámaras de vídeovigilancia y un endurecimiento de las leyes para desalojar de forma inmediata a los okupas". Una lacra a la que el ayuntamiento deberá hacer frente con tal de evitar desgracias como la ocurrida el miércoles.