La detención de un menor de 13 años por la agresión sexual a otra adolescente en Tarragona ha puesto sobre la mesa el debate de la inimputabilidad de los menores de 14 años, que carecen de una responsabilidad penal y, por lo tanto, no pueden ser condenados por un delito.

La única solución para aquellos que comenten un delito de peso –como el menor de Tarragona, que ya contaba con antecedentes por hechos similares-- son los programas y las terapias psicológicas individualizadas de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA).

Sí hay responsabilidad civil 

Los presuntos hechos delictivos cometidos por menores de 14 años no se enjuician en un procedimiento judicial porque son inimputables. No obstante, la fiscalía puede adoptar otras medidas –no coercitivas-- necesarias para la protección de ese menor “como un tratamiento o un seguimiento”, explica el letrado Josep María Pino Parera.

En paralelo, la fiscalía puede trasladar la responsabilidad civil a los padres o tutores legales de estos menores, que tendrán que hacer frente a la reparación del daño causado por el menor, tal y como se prevé en el artículo 1.903 del Código Civil. “No hay responsabilidad penal para los menores pero sí civil, que se dirigirá contra los padres o responsables del menor. No habrá condena por delito, pero sus responsables deberán de responder económicamente por los daños causados por el menor”, insiste Pino.

Prevención y restauración

Cuando un menor inimputable comete un delito, según el protocolo, la Fiscalía de Menores o los Mossos d'Esquadra derivan a estos menores a la DGAIA. En estos casos, se da respuesta mediante el programa Educant en la responsabilitat. Fuentes del Departamento de Derechos Sociales han explicado que dicho programa tiene como objetivo “dar respuesta desde el sistema de protección a los menores de 14 años que tienen comportamientos que se considerarían delictivos si fueran mayores de esa edad”.

La actuación de la DGAIA se centra principalmente en la prevención y en la restauración de los menores, atendiendo a los factores de riesgo de conductas disociales, la responsabilización del infractor, la reparación del daño a las víctimas y la restauración de las relaciones sociales. En este programa, "el equipo valora el caso y realiza un estudio individualizado del agresor y de su situación personal, social y familiar para abordar los factores de riesgo que puedan generar conductas disociales en el futuro", aclaran las mismas fuentes. 

Atención psicológica

Fuentes de la DGAIA aclaran que pueden citar a los padres y al menor para valorar la situación familiar y "determinar si hay una situación de desprotección". En caso de que sea necesario, se inicia un acompañamiento educativo terapéutico desde el mismo servicio --que de media suele durar un año-- o se activan otros recursos más convenientes para atender las necesidades específicas detectadas. 

Uno de los recursos que ponen a disposición de los menores que cometen delitos contra la libertad sexual son los servicios prestados por la fundación Vicki Bernadet, una entidad referente y especialista en la lucha contra el abuso sexual infantil. Dentro del programa liderado por la DGAIA, "la fundación ofrece tratamiento psicológico especializado e individualizado a los menores", explica Beatriz Barrera, del departamento de comunicación de Vicki Bernadet.

Sin embargo, matiza: "En el cómputo de menores a los que atendemos, estos representan un porcentaje muy pequeño". Desde la fundación se afanan en tratar los traumas de estos menores mediante la intervención de especialistas hípercualificados en este tipo de casos para que estas conductas no se repitan en el futuro. "Cada caso es un mundo. Las acciones dependerán de la terapia y del paciente", insiste. Por el momento, parece la única salida para aquellos menores que se adentran en el mundo delincuencial.