La fiscalía pide el archivo de la causa contra cuatro de los seis investigados de envenenar al oso Cachou por considerar que no existen pruebas suficientes para inculparlos. El plantígrado murió hace dos años en el Vall d’Aran, suceso en el que se vieron implicados funcionarios del Gobierno de Aran, cazadores, ganaderos y apicultores del territorio.
Pero el archivo de la causa no juega a favor de los funcionarios relacionados con el Ejecutivo aranés. La fiscalía asegura que se puede demostrar la implicación en la muerte del oso de un agente de Medio Ambiente del Conselh Generau d’Aran y de un exconsejero del Gobierno comarcal.
Delitos contra el medioambiente y prevaricación
A ambos cargos relacionados con el Conselh Generau se les investiga por delitos contra el medioambiente, revelación de secretos y prevaricación. La acusación, integrada por entidades ecologistas y animalistas, ha anunciado que reclamará penas de prisión.
Los Mossos d’Esquadra, durante la investigación, descubrieron que los acusados forman parte de una plataforma antiosos integrada por alrededor de 200 personas. De hecho, supuestamente, se habría llegado a plantear la muerte del oso Cachou.
La policía catalana y los Agentes Rurales, en colaboración con el Conselh Generau d’Aran, revelaron que uno de los investigados habría facilitado información confidencial de la localización de los osos en la zona a un grupo de personas, entre las que habría una vinculada a los movimientos contra la presencia de osos en los Pirineos.