El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado la petición de la Generalitat, que solicitaba ejercer la acusación particular en la pieza ‘Triacom’ del 'caso 3%’. Así lo ha decidido tras considerar que no ha quedado acreditada la condición de perjudicada que le permitiría formar parte de la investigación con ese estatus.

"No ha lugar a la misma por cuanto no se acredita la condición de ofendida o perjudicada ni aporta datos para apreciarla, máxime si, como señala el Ministerio Fiscal, en la Generalitat hay miembros del partido político directamente heredero de los partidos políticos investigados en esta causa", resuelve Pedraz en un auto dictado este mismo lunes.

La fiscalía se opone

La decisión responde a la oposición del fiscal anticorrupción José Grinda, que se expresó su disconformidad con respecto a que el Govern ejerciera la acusación particular argumentando que sería como personarse contra sí mismo, dado que en la Generalitat “hay miembros del partido político directamente heredero” de las formaciones investigadas.

"El señor Aragonès forma parte de un Gobierno en el que está representada la coalición Junts per Catalunya (JxCat), en la que está presente el Partit Demòcrata Europeu (PDECat), que tiene la condición de investigado", esgrimió Grinda en un escrito al que tuvo acceso Europa Press.

Herederos de los partidos investigados

En este sentido, el fiscal anticorrupción remarcaba que “tras varios escalones de galimatías de siglas y partidos y asociaciones políticas, lo cierto es que los partidos políticos aquí investigados son bien socios, bien alguno de los que actualmente forman parte de la Generalitat de Cataluña”, por lo que aceptar la petición del Govern sería como “investir de la condición de acusación particular a quien es investigado".

"Solo es posible esa doble condición cuando en un solo proceso se enjuician acciones distintas en tanto su separación provoca una división en la continencia de la causa, con riesgo de sentencias contradictorias", expuso el fiscal.

No acredita su condición de perjudicada

Además, el Ministerio Público recriminó a la Generalitat que en el escrito que envió al Juzgado Central de Instrucción número 5 solicitando personarse como acusación particular “no se aporta razonamiento alguno”.

Según Grinda, dicho documento "es parco en la exposición de la legitimación como perjudicada, huérfano en la exposición de los elementos o parámetros de un perjuicio, e inexistente en cuanto a la aportación de información de por qué la Generalitat de Cataluña se persona, en definitiva, contra sí misma", y por eso considera esta personación como “ficticia”.

Financiación ilegal

La pieza ‘Triacom’ de la trama del ‘3%’ se centra en dilucidar si altos cargos de CDC, en connivencia con funcionarios y empresarios, pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente a este partido político de forma encubierta. Según el relato judicial, los políticos implicados habrían alterado concursos públicos con la finalidad de elegir a las empresas y empresarios conniventes, que a cambio realizaban donaciones a fundaciones ligadas al partido.

Ya el anterior titular, José de la Mata, apuntó en 2019 que Triacom podría estar implicada en la presunta financiación ilegal del CDC, pero en vez de hacer donaciones a las fundaciones habría pagado deudas contraídas por el partido. En concreto, habría contraído una deuda con la mercantil Hispart, especializada en producción audiovisual, por la campaña electoral de 2010 a la que habría abonado unos 750.000 euros.

Pagaban gastos de particulares

Además, Triacom habría sido utilizada para pagar gastos particulares de personas ligadas al CDC entre los que estarían el expresidente de la Diputació de Lleida Joan Reñé o la mujer de Oriol Pujol Ferrusola.