La Oficina de Extranjería de Barcelona, que depende de la Subdelegación del Gobierno, acumula 40.000 expedientes de personas migrantes sin resolver sobre la mesa. De estos, 22.000 todavía no han sido revisados, 17.000 tienen pendiente algún trámite y 3.000 corresponden a recursos de reposición.

Ante la inminente llegada de refugiados ucranianos a la Ciudad Condal, que supondrá una presión añadida a la Administración pública, el Consell Municipal d’Inmigració de Barcelona (CMIB) -- que aglutina a casi 80 entidades sociales-- temen que los plazos se dilaten todavía más. Por eso, este miércoles han presentado una queja formal ante la Subdelegación del Gobierno de Barcelona para solicitar que agilicen los trámites administrativos y que destinen más recursos para poner fin al colapso que sufre la oficina.

Un retraso de nueve meses

Mariana Isla, directora de AMIC-UGT denuncia que, pese a que la Subdelegación del Gobierno de Barcelona cuenta con un plazo legal de 90 días para la resolución de los expedientes, estos trámites se han ido dilatando hasta los nueve meses, lo que supone un grave perjuicio para las personas inmigrantes.

No disponer de la autorización administrativa impide a estas personas acceder a un puesto de trabajo, abrir una cuenta corriente, acceder a un alquiler o solicitar ayudas sociales. A veces, cuando consiguen regularizar su situación ya es demasiado tarde, y los empleadores ya no están dispuestos a darlos de alta en la Seguridad Social. “Esto supone también una pérdida económica para el Estado ya que, solo en Barcelona, son miles las personas que están a la espera de una resolución para empezar a cotizar”, remarca la portavoz de AMIC.

Más de 60.000 afectados

Aunque los expedientes sin revisar ascienden a 22.000, Javier Bonomi, presidente de la Federación de Entidades Latinoamericanas, insiste en que los afectados podrían ser más de 60.000, porque esta situación de irregularidad tiene un impacto también en las familias de los afectados. “Las personas en situación irregular no pueden solicitar la reunificación familiar y sus hijos no renovar documentos como la tarjeta sanitaria ni acceder al dinero de sus cuentas porque sus padres no ha podido renovar sus documentos”, insiste Bonomi. En este sentido, el presidente insiste en que hay personas que han tardado tres años en demostrar arraigo social y que ahora tienen que esperar casi un año más a que la Administración regularice su situación.

“Cuando cumplen con todos los requisitos para entrar en el sistema, es el propio sistema quien los rechaza y los excluye. Se quedan al margen por la falta de recursos de la Administración, que no resuelve ni cumple los plazos”, denuncia Bonomi. Por eso, las entidades solicitan a la Subdelegación del Gobierno que cumpla con la normativa y revise los expedientes en el periodo legal de tres meses. El no hacerlo, insiste Mariana Isla, supone una “indefensión administrativa y una vulneración de los derechos de los administrados”, de forma que gente que había conseguido regularizar su situación pasa a estar, de nuevo, en situación irregular por la ineficacia de la Administración.

Los refugiados necesitan a la Administración

Esta situación les impide “funcionar como ciudadanos normales”, insisten las entidades. Entre otras limitaciones, les imposibilita salir del país. Y, en caso de hacerlo, para regresar a España tienen que pedir un permiso a la Policía “por el que tienen que pagar”, aseguran.

Según las entidades el colapso de la Oficina de Extranjería, que viene de años atrás, se ha visto agravado por la pandemia. Al teletrabajo y a la falta de personal se suma que cada vez hay más solicitudes de residencia pero menos recursos por parte del Estado para resolverlas. Ahora, además, temen que la llegada de refugiados ucranianos acentúe la espera, dado que necesitarán de la Administración para gestionar sus permisos. “Cada vez hay más vulnerabilidad social. La gente que ya estaba en situación regular, se queda en situación de irregularidad, lo que no tiene sentido para el sistema mismo, que se sobrecarga”, explica Bonomi.

En un limbo legal

El problema, dicen las entidades, es de la Subdelegación del Gobierno de Barcelona y de la Oficina de Extranjería. Aunque Girona también sufre retrasos, Tarragona resuelve los trámites en el plazo de un mes. "Los inmigrantes sufren discriminación hasta por su lugar de residencia”, insiste Isla, que solicita que el número de funcionarios sea proporcional al número de inmigrantes en las ciudades.  

Cuando la Administración no puede abarcar el número de solicitudes y se excede en el plazo legal, por el silencio administrativo, se entiende que la solicitud ha sido denegada. Los inmigrantes cuentan entonces con un periodo para recurrir, lo que impide una orden de expulsión pero no soluciona la situación de irregularidad. “Se quedan en un limbo legal”, alegan las entidades.

La oficina admite retrasos

A preguntas de este medio, la Oficina de Extranjería rechaza ofrecer una cita concreta sobre el número de expedientes sin resolver, pero admiten que “hay un retraso bastante considerable” en la revisión de los expedientes, que han pasado de gestionarse en pocas semanas a unos meses.

Aunque niegan que el plazo se haya dilatado hasta los nueve meses, como mantienen las entidades, desde la oficina confirman que en el caso de personas con arraigo social --aquellas que llevan un mínimo de tres años en el país y que cuentan con una oferta de trabajo-- todavía están estudiando los expedientes presentados en agosto de 2021.