El TSJC archiva el procedimiento contra Joan Garriga y Mónica Lora por un presunto delito de odio

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha archivado la causa abierta contra los diputados de Vox Joan Garriga y Mónica Lora por un presunto delito de odio en las elecciones municipales de 2011 al no ver indicios suficientes.

En un auto, que se puede recurrir, la Sala de lo Civil y de lo Penal del alto tribunal catalán cierra el proceso contra Garriga y Lora, a quienes un juzgado de Reus (Tarragona) envió a juicio en 2019 por una campaña supuestamente "racista" en las municipales de 2011 en Reus, cuando formaban parte del partido ultra Plataforma per Catalunya (PxC), si bien el proceso se paralizó cuando fueron elegidos diputados en las autonómicas de febrero pasado.

Asumió la causa de los aforados

En concreto, el juzgado de Reus acordó la apertura de juicio oral contra trece miembros de PxC en aquella época, entre ellos su entonces líder Joan Anglada, si bien el proceso se detuvo cuando Garriga y Lora fueron elegidos diputados del Parlament en las elecciones catalanas del 14 de febrero del pasado año y obtuvieron la condición de aforados.

En su resolución, el TSJC se declara competente para asumir la causa de los dos diputados de VOX, pero no así la de los otros once acusados, por lo que ahora será el juzgado de Reus el que tendrá que continuar con la tramitación de su proceso, en que la Fiscalía ya ha anunciado que solicitará su absolución.

No aprecia delito

Para archivar la causa a los dos diputados de VOX, el TSJC esgrime como argumentos que la Fiscalía no aprecia delito y que además el escrito de la acusación particular, ejercida por la asociación Watani, adolece de "graves defectos".

También sostiene el TSJC que la instructora tampoco detalló "el más mínimo indicio" de la concreta participación de Garriga y Lora en los hechos, "más allá de su presunta adscripción al consejo ejecutivo de la formación política PxC al tiempo de los hechos", en mayo de 2011.

El TSJC archiva la causa

El TSJC descarta reabrir ahora la instrucción en el alto tribunal para investigar sobre la participación concreta de los dos diputados de VOX en los hechos "acaecidos en el ya lejano mes de mayo de 2011", por lo que, teniendo en cuenta además que la acusación no ha sido "válidamente emitida" y que la Fiscalía no ve delito, decreta su archivo.

En la campaña electoral de mayo de 2011, PxC buzoneó en Reus (Tarragona) cheques ficticios de 4.000 euros a nombre de un inmigrante con un texto que acusaba al pacto por la inmigración de haber "repartido 4.000 millones de euros los dos últimos años entre los inmigrantes".

Campaña racista

"Esto significa que de tus impuestos han quitado 600 euros por persona para que cada inmigrante reciba 4.000 euros", proseguía el texto, que animaba a "acabar con este coste porque en Cataluña no cabe todo el mundo y decir claro que primero somos los de casa y no los de fuera".

La asociación musulmana Ciudadanos por la Convivencia y el Desarrollo, Watami, denunció en los tribunales esta campaña presuntamente "racista"