La dura situación vivida en la residencia de Tremp: "Pasaron hambre y frío"

La residencia de ancianos Fiella de Tremp (Lleida), denunciada por la Fiscalía por los presuntos delitos de homicidio imprudente de 64 internos, ofrecía un trato degradante a las personas mayores que allí estaban, constanta la denuncia de fiscalía.

El Ministerio Público señala que, al inicio de la pandemia, en 2020, los gestores del asilo se negaron a tomar medidas de precaución, lo que costó la vida a la mitad de los residentes. En poco más de un mes, del 22 de noviembre al 25 de diciembre fallecieron 64 de las 142 personas internadas allí.

Malos cuidados

Más allá de la dejadez en el trato de los abuelos allí presentes, el fiscal señala que no fue hasta pasada la medionoche del 28 de noviembre de 2020 que se les dio de cenar. “Muchos de esas ancianas y ancianos pasaron frío y sed", aseveran.

Los responsables del centro son acusados de "falta de cuidado, alimentación y limpieza", en resumen, el abandono de personas. Y es que el lugar sufría tal “descoordinación” que constan cuadros de registro de tomas de temperatura a personas ya fallecidas, que fueron privadas de una “asistencia médica adecuada”.

Falta de actuación

"Esas personas de avanzada edad fueron expuestas a un trato inadecuado al no evitarse su contagio, obligándoles a permanecer con residentes enfermos", subraya el texto. “No se sectorizó de forma diligente el centro para evitar nuevas infecciones hasta pasados más de 5 días del primer positivo", prosigue la denuncia.

La fiscalía acusa de homicidio por imprudencia a la que era entonces directora de la residencia Fiella y a la responsable del control higiénico sanitario. Asevera que conocían ya la situación de pandemia vivida. “Se sabían las consecuencias de un brote” y no actuaron al respecto ni tenían un plan de contingencia contemplado.

Sin despedidas

La Fiscalía también explica que se impidió el contacto con los familiares en los últimos momentos de su vida, a pesar de que estos podrían haberles proporcionado “la paz que necesitaban”. De hecho, en la denuncia se explica que algunas familias pasaron días sin recibir noticias de sus allegados, llegando incluso a ser informados de que se encontraban en buen estado cuando en realidad ya habían fallecido.

Por otro lado, la inexistencia de un protocolo de defunción provocó que algunos perjudicados se enteraran de la muerte de sus familiares por la funeraria, gente del pueblo o voluntarios del centro. Por ello, algunos decidieron entrar por su propio pie a la residencia para buscar a sus parientes entre las habitaciones, “donde los encontraron éxitus”, teniendo incluso que verse “obligados a recuperar los cuerpos por sus propios medios”.

Múltiples irregularidades

La denuncia de la Fiscalía, que ha llegado tras un año de investigaciones, acusa a la directora del centro residencial y al responsable higiénico-sanitario de la misma por concurrir en “gravísimas disfunciones” y déficits organizativos. Esto tuvo “decisiva influencia” en el contagio de 42 trabajadores de un total de 65, así como en el fallecimiento de 64 internos de los 142 que tenía en total. Todos estos hechos ocurrieron entre el 22 de noviembre y el 25 de diciembre de 2020.

Más allá de esto, la denuncia incluye irregularidades relacionadas con el incumplimiento del Plan de Contingencia, la falta de previsión, control y supervisión de la dirección, así como la no asunción de las recomendaciones de la conselleria de Salud. De hecho, afirman que “se han constatado graves defectos en la sectorización de los positivos, en el uso de los equipos de protección individual (EPI), en el tratamiento de alimentos, vestuario y residuos y, muy especialmente, en la asistencia sanitaria a los contagiados”.

Centro intervenido

Tras estos acontecimientos, Salud intervino el geriátrico el 28 de noviembre de 2020 y relevó a la Fundació Sant Hospital de Tremp-Fundació Fiella en la gestión y dirección del centro residencial.

Desde entonces, Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) se hizo cargo de la gestión de la residencia hasta enero de 2021, cuando la fundación Sant Joan de Déu-Terres de Lleida, que la gestiona en la actualidad, tomó el relevo.