El Ayuntamiento de Gavà presuntamente ofreció asistencia y defensa jurídica a uno de los agentes municipales de la localidad tras ser denunciado por uno de sus compañeros por un presunto delito de revelación de secretos.

Los hechos se remontan a septiembre de 2020, cuando un policía municipal de esta localidad presuntamente reveló los datos médicos de otro agente, una información confidencial a la que tuvo acceso, como él mismo reconoció.

No podía hacerlo público

El ahora investigado confesó que accedió a la documentación después de que el afectado se la enviara “por equivocación”. Al enterarse, el afectado presentó una denuncia por lo penal contra su compañero y explicó que le había enviado el parte porque dicho agente era del personal de Recursos Humanos, pero que en ningún caso podía haber divulgado la información recogida en los informes.

Fuentes cercanas al caso denuncian que el agente no solo no ha sido expedientado por Recursos Humanos, pese a estar investigado por un delito de revelación de secretos, sino que además el Ayuntamiento puso a su disposición el servicio de asistencia jurídica municipal. “Es un protegido del antiguo jefe. Fue precisamente el exjefe interino de la policía municipal de Gavà, ahora cabo de la policía local de Reus, quien presuntamente le ofreció asistencia jurídica”, señalan los mismos interlocutores. 

El ayuntamiento lo niega

En concreto, el consistorio puso a su disposición los servicios del despacho Entrena Abogados, que fue contratado mediante un procedimiento de licitación pública de 36.000 euros en 2019, cuando la actual ministra de Transportes, Raquel Sánchez, era alcaldesa de la localidad. La contratación pública del bufete, que continúa en vigor, se llevó a cabo con el fin de ofrecer un servicio de defensa y asistencia jurídica a los agentes de la policía municipal y a los empleados públicos en el ejercicio de su actividad profesional. Sin embargo, las fuentes consultadas sostienen que el presunto delito cometido por el agente se produjo fuera de su esfera laboral.

A preguntas realizadas por Crónica Global, el Ayuntamiento de Gavà negó este extremo y aseguró que no se le había prestado asistencia jurídica a ninguno de los dos agentes, ni al denunciante ni al denunciado. Sin embargo, el abogado del consistorio fue letrado del investigado. “Cuando supieron que la prensa se había enterado, le retiraron la defensa. Dos días antes de prestar declaración se tuvo que buscar otro abogado”, sostienen. A pesar del cambio, el malestar en el cuerpo persiste.