La sección número 5 de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se ha pronunciado este jueves sobre la denuncia presentada por el alcalde de Mollet (PSC), Josep Monràs, por el “acoso personal y coacciones” que está sufriendo por parte de la comunidad islámica Al Huda a raíz de una gestión realizada por el Ayuntamiento con respecto al centro de culto de la comunidad.  

Los magistrados del TSJC han prohibido los escraches contra el político y en una resolución judicial emitida este jueves ordenan a la comunidad islámica que se manifieste en otro punto del municipio, pero no frente a la casa del alcalde por el perjuicio que esto comporta no solo para él sino también para su familia y vecinos.

Las protestas se incrementaron

La resolución judicial acuerda que, si bien es cierto que los manifestantes, “en el ejercicio de su derecho constitucional” pueden “expresar sus ideas a través de su derecho de reunión”, este no es ilimitado. En este sentido, el tribunal ha acordado modificarlo solamente en uno sus aspectos: el referente al lugar, dado que “no afecta al ejercicio del derecho ni a la fecha ni duración de la reunión”.

Así lo ha acordado el TSJC después de que estas protestas frente a la casa de Monràs se incrementaran. El escrito recoge que, si bien las reuniones tenían una periodicidad semanal, en las últimas semanas se han intensificado y son “reiteradas”, pasando a celebrarse “dos veces por semana, los viernes y los domingos”.

Prevalece el derecho a la privacidad

Los jueces han acordado que los manifestantes modifiquen su lugar del encuentro, “entendiendo que el derecho de los manifestantes no resulta afectado en su núcleo esencial”, al no incidir la medida acordada en la celebración de la reunión ni en su periodicidad u horario.

Después de ponderar los dos derechos en conflicto –el de manifestación de la comunidad islámica y el derecho a la privacidad y la intimidad del político– los magistrados consideran que la celebración de una protesta ante un domicilio particular constituye “una perturbación en su derecho a la intimidad personal y familiar, sin descartar a la afectación de otros bienes jurídicos”, dado que se ha difundido el lugar donde vive la persona afectada, en este caso el alcalde.

Protesta por la mezquita

Las manifestaciones frente a la casa del alcalde comenzaron el pasado 21 de diciembre. Desde entonces, más de un centenar de fieles se concentran los viernes y los domingos para solicitar al consistorio una nueva mezquita en la localidad, un proyecto que se ha ido retrasando desde hace más de una década.