El juicio por el caso Macedonia continúa dilatándose en el tiempo. Ya han pasado 11 años desde que el polémico juez Joaquín Aguirre ordenara abrir una investigación que prometía destapar una de las mayores tramas de corrupción policial de Cataluña. Sin embargo, con el paso del tiempo el caso se ha ido desinflando al no poder demostrar la vinculación de decenas de mossos, policías nacionales y guardias civiles en el entramado criminal. Este lunes, cuando deberían haber comenzado a declarar los 17 acusados, de los que solo queda un agente del orden, un subinspector de los Mossos d’Esquadra, la jueza ha suspendido la que debería ser la primera sesión tras la exposición de las cuestiones previas.

Lo ha hecho después de anunciar que el letrado que ejerce la defensa de uno de los acusados, del Sr. Núñez, haya dado positivo en Covid-19. El abogado, que presenta síntomas, tampoco ha podido seguir la vista por videollamada. Ante la imposibilidad de que estuviera presente o siguiera el juicio de forma telemática, la instructora ha ofrecido al afectado la posibilidad de que otro de los letrados presentes ejerciera su defensa, a lo que se ha negado en rotundo. “Con quien tengo confianza es con mi abogado, quien se ha leído toda mi causa”, ha respondido.

La Fiscalía se niega a continuar

Esta decisión eterniza, una vez más, el proceso judicial de una de las piezas que componen esta macrocausa. Por este motivo, algunos de los letrados han solicitado, “para aprovechar la vista”, que sus defendidos declararan durante el día de hoy pese a la ausencia de uno de los penalistas. Sin embargo, el Ministerio Público ha expresado su rechazo. “Si el letrado del Sr. Núñez no está presente en la sala tampoco podrá realizar las preguntas que considere al resto de acusados durante su interrogatorio”, ha argumentado la fiscal, que ha recordado que procesalmente esta práctica no es recomendable.

Algunos de los letrados de los 17 acusados se han adherido a la petición de la Fiscalía y, finalmente, la jueza ha acordado la suspensión de la vista. “Es incoherente comenzar la celebración de un juicio sin uno de los letrados”, ha expresado, puesto que “provocaremos una indefensión”. La magistrada ha recordado que “lo que un acusado declara a su abogado durante el juicio, se considera un acto de prueba e incluso el eventual silencio puede estar sujeto a interpretación”. Por esta razón, ha ordenado que la vista se posponga, al menos, hasta mañana, si el estado del letrado le permite continuar el proceso vía online. “Les pido comprensión y flexibilidad”, ha solicitado a los presentes.

Una trama de narcotráfico

Los hechos por los que están imputados los 17 sujetos se remontan a los años 2009 y 2010. Según la Fiscalía, los acusados, de forma estructurada y jerarquizada se dedicaron a la “adquisición, adulteración, dosificación y posterior venta de sustancias estupefacientes, en concreto cocaína, marihuana y hachís”. La fiscal remarca que uno de los acusados, “infringiendo los deberes generales de su cargo como subinspector del Cuerpo de los Mossos d’Esquadra” y con pleno conocimiento de la actividad ilícita y de la existencia de un entramado criminal, “no investigó, comunicó a la autoridad judicial los hechos, ni detuvo a los otros acusados”.

Además su cargo le permitió, mediante el acceso a bases de datos confidenciales, conocer y facilitar información sensible a los implicados. Siempre según el escrito de la Fiscalía, el subinspector “intentó interceder por ellos ante sus compañeros en caso de detenciones o sanciones administrativas”. A cambio el agente se habría llevado una “mordida”. El Ministerio Fiscal mantiene que el mosso percibía mensualmente una cantidad de dinero, entre otras cosas.

Los delitos cometidos

Sobre los 17 acusados pesan los presuntos delitos de jefatura de organización criminal con la finalidad de cometer delitos graves contra la salud pública; delitos de pertenencia como miembro a organización criminal con la finalidad de cometer delitos graves contra la salud pública; varios delitos contra la salud pública en cantidad de notoria importancia, uno de ellos cometido por funcionario público; delito de cohecho en concurso de normas con un delito de omisión del deber de perseguir delitos; delito continuado de revelación de secretos; delito de cohecho cometido por particular y delitos de tenencia ilícita de armas prohibidas, recuperadas durante los registros a sus domicilios. La fiscal solicita para ellos penas que van desde los cuatro años de prisión hasta los 11 años para los diferentes acusados y los distintos delitos cometidos.