Los transportistas que se comprometan a cambiar su vehículo antes del 30 de junio de 2022 podrán seguir circulando sin distintivo ambiental por la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Barcelona después del fin de la moratoria, prevista para el 31 de diciembre de 2021.
Las principales asociaciones de transportistas de Barcelona han alcanzado este viernes un acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y la Generalitat de Cataluña para poder circular por la Ciudad Condal después de esa fecha.
Una declaración firmada
El concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica de Barcelona, Eloi Badia, ya había explicado que, por cuestiones jurídicas, el consistorio no podía ampliar la moratoria. No obstante, el ayuntamiento de Barcelona se planteaba estudiar otras vías para dar “un poco más de tiempo” a los transportistas para renovar la flota por vehículos menos contaminantes.
Con el acuerdo de este viernes, aquellos propietarios de vehículos de los tipos N2, N3 y M2 que presenten una declaración firmada antes del 31 de enero de 2022 en la que se comprometan a renovar o adaptar sus vehículos antes del 30 de junio de 2022 podrán seguir circulando por la ZBE sin distintivo ambiental.
800 millones en subvenciones
Para incentivar y facilitar la transformación de las flotas de transporte el Gobierno central ha activado un programa de subvenciones a empresas para apoyar la transición hacia un transporte sostenible. Se trata de un paquete de 800 millones de euros que serán gestionados por los fondos Next Generation UE. Los propietarios podrán optar entre comprar un nuevo vehículo, adquirir uno de segunda mano que cumpla con la normativa vigente o solicitar la homologación de filtros para reducir la emisión de gases contaminantes.
Precisamente, esta era una de las principales reivindicaciones de las asociaciones de transportistas, que consideraban que el hecho de renovar la flota, además de suponer un peligro para la economía de muchas familias, dado que el coste de un camión nuevo ronda los 130.000 euros, suponía un atentado contra el ecologismo.