La comisaría de la Policía Local de Olesa de Montserrat (Barcelona) se ha convertido en una auténtica pesadilla para sus agentes. En los últimos años, una decena de policías han interpuesto seis querellas contra sus superiores. Ahora, algunos de los denunciantes aseguran estar sufriendo graves represalias por parte de los querellados que todavía continúan en activo y de sus sucesores. “Estamos de baja, en tratamiento psicológico y psiquiátrico”, denuncia un agente.

Los denunciantes alegan que han sido víctimas de delitos de acoso laboral, acoso sexual, violencia de género, prevaricación, cohecho, malversación, falsedad documental y delito contra la libertad sindical. No obstante, el ayuntamiento asegura que el Juzgado número 1 de Martorell acordó en 2019 el sobreseimiento de los delitos de prevaricación, soborno, malversación y falsedad documental. Además, según el consistorio, una comisión independiente estudió las quejas presentadas y concluyó que no había indicios de acoso de ningún tipo por parte de los querellados.

Castigos continuos

La versión oficial difiere de la de los denunciantes. Uno de los afectados relata que, tras haber sido testigo en la primera querella presentada por sus compañeros, sus superiores comenzaron a hacerle la vida imposible. “Son pequeñas cosas que se van acumulando hasta que llega un momento en el que afecta a tu vida personal”, explica.

Asegura que como castigo por haber apoyado la denuncia de sus compañeros fue relegado a contestar el teléfono durante periodos de tiempo superiores a los dos meses, sin respetar los turnos de rotación que aplican a este servicio. Cuando por fin pudo salir, fue enviado en solitario a una urbanización aislada para desalojar una fiesta de 200 personas, poniendo en riesgo su integridad física e incumpliendo las recomendaciones del nivel 4 de alerta terrorista. Asimismo, el cabo lo excluyó del canal de comunicación utilizado para dar directrices y órdenes y exigió al resto de agentes que le hicieran el vacío absoluto.  

La querella, el detonante

No obstante, en su caso concreto, el detonante se produjo después de presentar una querella, la quinta, por unos hechos de extrema gravedad. Todo empezó con el acoso de uno de los superiores a una compañera. La agente comenzó una relación sentimental con el jefe de la comisaría de Olesa. Según la mujer, el carácter agresivo y machista, y su adicción al alcohol y a la marihuana y a la cocaína, hizo derivar su noviazgo en una relación “verdaderamente tormentosa”, según recoge la querella.

Durante una fiesta de cumpleaños de un compañero, el jefe de la comisaría humilló públicamente a la agente y llegó a propinarle varios empujones. No obstante, los allí presentes, también policías municipales, no hicieron nada por impedirlo. Tampoco evitaron que el querellado condujera su moto de vuelta a casa, acompañado de la denunciante, bajo los efectos del alcohol y las drogas.

Intentó asfixiarla

Según lo recogido en la querella, en un episodio en el domicilio familiar, él se abalanzó sobre ella, la agarró del cuello y la lanzó contra el suelo. Después de intentar asfixiarla durante varios segundos, la víctima logró huir. Tras este hecho, el entonces jefe y pareja de la agente la amenazó de muerte: “Ni se te ocurra decir esto a nadie. No juegues con mi pan o te pego un tiro”. Cabe destacar que el querellado es aficionado a las armas y posee varios rifles y pistolas, además de la reglamentaria, en su casa.

Este hecho supuso el punto de inflexión en la vida de los tres demandantes de este caso. La mujer solicitó la ayuda de dos compañeros y delegados sindicales que le sugirieron que se activara el protocolo anti acoso sexual del ayuntamiento. A partir de ahí, relatan que su vida laboral se convirtió en un auténtico infierno para los tres.

Expedientes a los afectados

“A ella le abren tres expedientes con seis infracciones y a nosotros uno a cada uno, todos alimentados con acusaciones falsas”, relata el policía local. El agente afectado incide en que llevan 20, 15 y 10 años trabajando en el cuerpo y que nunca antes habían sido amonestados. Durante este periplo, uno de los afectados llegó a encontrarse un mensaje en la taquilla donde se leía: “Tú eres el siguiente”. “Sufrimos represalias por parte del ayuntamiento, los tres cabos y el jefe de área”, denuncia.

Además de los expedientes disciplinarios abiertos a agentes (diez en un año), los afectados han tenido constancia de que, durante su periodo de baja laboral, los superiores han realizado la revisión oficial de sus armas sin su consentimiento. Se trata de una irregularidad grave dado que los titulares no dieron nunca su autorización para que se inspeccionara su arma reglamentaria en su ausencia.

“No tenemos nada de nada”

El último episodio tuvo lugar este mismo martes. Tras enterarse del cambio de jefatura, los agentes se citaron con el responsable de área interino para proceder al traslado de sus enseres personales de las antiguas instalaciones a las nuevas. “Venía acompañado por otros dos agentes, como si fuéramos delincuentes”, recuerda. La sorpresa de los afectados fue mayúscula cuando el superior les comunicó que “podían irse por donde habían venido”.

“Somos delegados sindicales y tenemos derecho a acceder a las instalaciones municipales. Además, aunque estamos de baja podríamos reincorporarnos en cualquier momento”, denuncia. No obstante, el agente asegura que no tienen credenciales de acceso al nuevo edificio, no poseen la llave del armero que alberga sus armas reglamentarias, no les han sido asignadas taquillas ni tampoco tienen uniformes para cuando regresen al trabajo.

El consistorio se defiende

Desde el Ayuntamiento de Olesa de Montserrat aclaran que tras tener conocimiento de las querellas presentadas, el 90% del personal en activo del Departamento de Seguridad Ciudadana firmó un escrito en repulsa a las acusaciones vertidas contra los querellados y “de apoyo a la organización de la Policía Local”. Además, manifiestan que otros empleados de diversos departamentos que trabajan en contacto directo con el cuerpo también se adhirieron al documento.

Por otro lado, la Comisión contra la Discriminación y el Acoso del consistorio, “que es independiente y mantiene sus diligencias en la más estricta confidencialidad”, concluyó que en ninguna de las quejas presentadas se ven indicios de acoso laboral ni de otro tipo por parte de los superiores. Fuentes del ayuntamiento aseguran que “tanto técnicos como políticos están muy escamados” con un tema que “colea desde hace años” y que consideran que perjudica a la imagen de la localidad.