Un juez de Barcelona ha condenado a un joven independentista a cuatro años y nueve meses de prisión por agredir a un hombre que llevaba una bandera de España. Los hechos sucedieron el 10 de noviembre de 2018, en una céntrica estación de metro, tras la celebración de una manifestación de Jusapol.

La víctima, que no era policía, tomó el metro sobre las dos de la tarde para regresar a su casa después de haber participado en la protesta sindical. Según la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, el hombre llevaba una gorra y una bandera españolas cuando fue agredido.

Siguió a la víctima

El Juzgado de lo Penal número 2 de Barcelona considera probado que Abel M.C., el condenado, acompañado de otra persona, siguió a la víctima hasta la plaza Urquinaona tras haber participado en una manifestación de signo contrario con el único objetivo de “ocasionarle un daño corporal”.

Una vez en el interior de la estación de metro, el acompañante del acusado esperó a que la víctima estuviera en al borde de las escaleras para propinarle “un fuerte empujón por la espalda”, que hizo que el hombre cayera rodando por las mismas hasta impactar frontalmente contra el suelo.

Le causó secuelas

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió serias lesiones que precisaron de tratamiento quirúrgico. Por estos hechos, estuvo incapacitado para su actividad laboral durante cinco días y tuvo que acudir a curas durante 12 días. Además, según la sentencia, la caída le causó secuelas y “un perjuicio estético moderado”.

El juez entiende que el acusado actuó por “animadversión hacia quienes muestran símbolos” como escudos o banderas españolas. Además, entiende que los jóvenes vigilaron a la víctima para asegurar el éxito de su acción. Por eso, lo considera responsable de un delito de lesiones “mediando alevosía”, con la concurrencia de la “circunstancia agravante de actuar por motivos de discriminación por ideología”.

El juez rebaja la pena

Por este delito el juez le ha impuesto una condena de tres años y nueve meses de prisión, pese a que el Ministerio Fiscal había pedido cuatro años y nueve meses en sus conclusiones definitivas, la prohibición de acercarse a menos de 1.000 metros a la víctima y a comunicarse con él por cualquier medio durante un periodo de cinco años.

Además, en concepto de lesiones, deberá abonar 550 euros y otros 8.500 por las secuelas que sufre el hombre, además de tener que sufragar las costas procesales. El condenado cuenta con un plazo de 10 días para presentar un recurso ante el juez.