El Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat, liderado por Violant Cervera, ha inhabilitado durante cuatro años a la Fundación Fiella para la gestión de la residencia de ancianos de Tremp (Lleida), de la que es propietaria. Asimismo, Inspección de Trabajo le ha impuesto una multa de 30.000 euros. Todo ello, por irregularidades económicas y laborales, algo que niega la fundación. Aun así, la resolución no es definitiva, ya que se abre el periodo para presentar alegaciones.
En el caso de las irregularidades laborales, Inspección de Trabajo ha detectado contratos en los que no se reconocía la antigüedad de la plantilla y las categorías. Asimismo, los calendarios laborales estaban alterados a propósito, el centro carecía de un registro real de jornada y los trabajadores no recibían las nóminas desde hace tres años, informa Segre.
Investigación por homicidio imprudente
Esta multa e inhabilitación llega cuando se cumple un año desde que el Departamento de Salud intervino la residencia por el elevado número de contagios y fallecimientos a causa del Covid-19. Desde entonces, la gestión corre a cargo de Sant Joan de Déu Terres de Lleida. En este centro se infectaron casi todos los residentes y trabajadores, a pesar incluso de los protocolos fijados para la Generalitat, y fallecieron más de 60 personas en los meses más duros de la pandemia.
El pasado diciembre, la fiscalía denunció a la dirección del centro por posible homicidio imprudente, precisamente por la gestión de la pandemia. Entre otras cosas, no se hizo la autopsia a ningún fallecido, y los mismos trabajadores reconocen que los ancianos estaban deshidratados porque “faltaban manos”. La prioridad, dicen, era aislarlos, no darles de comer. Muchos de ellos, además, murieron en este centro, y no en el hospital. El caso sigue abierto.