El fiscal ha pedido que se archive la causa por malversación y homicidio imprudente por el traslado de ancianos de residencias en Barcelona en el primer Estado de Alarma por el coronavirus, al concluir que se prestó la mayor asistencia médica "posible" en una situación "muy excepcional". Así lo solicita la fiscalía de Barcelona en un escrito al titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que dé carpetazo a la investigación al considerar que no existen "elementos suficientes" para continuar con la causa, en la que, entre otros, se investigaba si el exconsejero de ERC Xavier Vendrell --a quien el juez investiga en el caso Voloh por supuesto desvío de fondos-- fue contratado irregularmente por la patronal de las residencias para gestionar centros alternativos.

La causa se abrió por un atestado de la Guardia Civil --a raíz de las escuchas a Vendrell en el caso Voloh--, que advertía sobre la posible existencia de un delito de malversación y de homicidio imprudente a raíz del traslado de varios pacientes de una residencia de Barcelona a distintos hospitales, los días 2 y 4 de abril de 2020, de los que cinco acabarían falleciendo de coronavirus. El fiscal concluye que no se ha podido determinar a efectos penales una relación de causalidad directa entre los fallecimientos y el traslado de los ancianos, que se llevó a cabo en una situación que aquellos días "era muy excepcional, dado el nivel de saturación de los centros médicos en Barcelona".

No se aisló a los contagiados

Por este motivo, la fiscalía considera que a los ancianos se les prestó "dentro de las posibilidades la mayor asistencia médica posible atendiendo a las circunstancias", ya que además por entonces no existía ni protocolo ni normativa sobre cómo se debía hacer el traslado de pacientes de las residencias geriátricas, ya que no se publicó hasta el 15 de abril de 2020.

La directora de la residencia, que compareció como testigo a instancias del fiscal, detalló que en el centro había ingresados 64 pacientes, atendidos por 33 trabajadores --entre médicos y asistentes-- las 24 horas del día los siete días de la semana, si bien antes del traslado, en plena ola del coronavirus, solo quedaban siete personas asistiendo a los residentes, de las que únicamente dos eran auxiliares de clínica y el resto personal no sanitario. La Guardia Civil sostenía en un informe remitido al juez que en el traslado se mezclaron pacientes sin síntomas de Covid con ancianos que sí presentaban síntomas y que fruto de ello pudieron producirse contagios, a consecuencias de los cuales fallecieron algunos en los días posteriores.

Un informe basado en "suposiciones"

Sin embargo, para la fiscalía el atestado se basa en "suposiciones", ya que no aprecia "elementos objetivos que lo acrediten", porque los pacientes no habían sido sometidos previamente a ningún test para determinar si tenían coronavirus. "Por lo tanto, es plausible que los mismos ya lo tuviesen antes del traslado o que se contagiasen en las clínicas a las que fueron trasladados, o como indican en el atestado en el propio traslado", subraya el fiscal.

Al no apreciar delito de homicidio imprudente, la fiscalía cree que tampoco se puede atribuir a la presidenta de la Asociación Catalana de Recursos asistenciales (ACRA) un delito de encubrimiento por la supuesta negligencia o imprudencia en el traslado. La Guardia Civil también apuntó a una posible malversación de fondos públicos por la contratación por parte de la Generalitat de la Unión de Entidades como organismo encargado de la derivación de pacientes desde la residencias a centros asistenciales y hospitales para pacientes sin Covid.

Contrato justificado

El instituto armado sostenía que el exconseller de ERC Xavier Vendrell , fue contratado por la patronal de las residencias para gestionar los centros que la Generalitat habilitó para albergar a ancianos procedentes de residencias afectadas por el Covid, aunque pretendió garantizar su anonimato para que no trascendiese que habría cobrado 5.000 euros.

Sin embargo, el fiscal detalla que el contrato con la Unión de Entidades, por valor de 209.352 euros, fue justificado con facturas de trabajo y subraya que la factura por valor de 5.000 euros no se ha acreditado que responda a una contratación falsa porque el destinatario de este importe trabajó en los traslados de pacientes entre abril y mayo de 2020. En el marco de esta investigación, agentes de la Guardia Civil acudieron en julio de 2020 a las consellerías de Salud y Asuntos Sociales, por orden del juez, para recabar información sobre los ancianos que fueron trasladados de centro, las medidas de aislamiento, la cifra de contagiados y fallecidos por coronavirus en los geriátricos así como las pruebas PCR que practicaron.