Nueva ofensiva judicial de CCOO contra el sistema de nombramientos en los centros educativos. Según ha podido averiguar Crónica Global, el sindicato ha diseñado una nueva estrategia de recursos para frenar un mecanismo que permite a los directores de escuelas e institutos designar de forma discrecional el grueso de la plantilla.

La clave de estos recursos --que han sido diseñados por el servicio jurídico central de la organización-- estriba en el cambio de marco normativo de la educación. Tras la derogación de la LOMCE y su sustitución por la LOMLOE, el esquema legal ha abierto un resquicio para impugnar los actos administrativos derivados de tres decretos de la Generalitat que se apoyaban en la anterior ley orgánica.

Miles de docentes orillados

La estrategia busca impugnar las consecuencias de tres decretos que ya no son recurribles debido al paso del tiempo. Se trata del decreto de dirección de centros educativos, del de autonomía de centros educativos --ambos son de 2010--, y del decreto de 2014 que modifica los procedimientos para definir el perfil y la provisión de puestos docentes. La nueva legislación nacional no respalda este tipo de procedimientos, por lo que abre la puerta a la derogación administrativa de los mismos.

Según cálculos de la entidad, las adjudicaciones realizadas por las direcciones han conllevado que 10.654 docentes sean considerados inaptos para los centros. "No parece de recibo que uno de cada cuatro docentes no sea válido para trabajar", explican fuentes del sindicato. Esta situación ha perdjudicado especialmente a las mujeres embarazadas o con permiso de maternidad: de 2.788 mujeres en esta situación en el curso 2020-2021, no se hizo propuesta de continuidad a 561. 

Ordeno y mando

Lo explica Ester Satorras, secretaria de la federación educativa de CCOO en Girona y, además, que vivió en sus propias carnes las consecuencias de los dedazos que imperan en la red pública. "En mi caso, me enteré de que no estaba convocada en julio tras pasar un embarazo y un post-parto complicado por motivos personales", rememora.

De un día para otro, se quedó sin plaza. Y tuvo que buscar un hueco en el sistema entrando a competir en la bolsa de profesores pese a tener muchos años de experiencia. No es la única afectada, como recalca en la entrevista con este medio: "Se cree que solo afecta al 10% del personal, los llamados perfiles, pero en muchos centros la capacidad del director llega al 100% del personal", explica. Solo quedan salvados los funcionarios con plaza definitiva.

Modelo "antidemocrático"

Esto es así porque no solo se permite escoger a los interinos o funcionarios en comisión de servicios, sino que el sistema se ha hecho extensivo al personal sustituto tras una prueba piloto en algunos servicios territoriales. En la práctica, supone universalizar este esquema laboral, ya que la mayoría de enseñantes no se han sacado las oposiciones y van rotando entre los centros. Precisamente, este ha sido el detonante que ha llevado a CCOO a reemprender sus actuaciones judiciales, que no fructificaron en un intento anterior.

Este procedimiento, a juicio del sindicato, degrada la vida interna de los equipamientos --los vuelve "antidemocráticos", en palabras de la organización-- y convierte a los profesionales más jóvenes en correas de transmisión de la voluntad de las cúpulas. "Para no nombrarte, no es necesario escribir ningún documento. Solo se hace en el caso de que el director te mantenga en el centro", especifica.

Campaña judicial

"Se dice que este modelo busca la autonomía pedagógica, pero no tenemos ningún indicador que nos muestre que el sistema es mejor en Cataluña que en otras autonomías donde no impera este sistema", apunta también Rodri Plaza, responsable de formación profesional (FP) del sindicato.

Este delegado añade que el funcionamiento convierte a las escuelas e institutos en una especie de empresas privadas, donde la selección de personal se termina rigiendo por criterios externos a la excelencia educativa y los méritos académicos. Asimismo, Plaza avanza a este medio que la campaña de CCOO no se quedará aquí: también quiere terminar con otras disfunciones en determinados instrumentos educativos como los centros de adultos o los equipos de atención psicosocial. La batalla por los nombramientos de profesores se dará en los tribunales.