El juez ha dado por terminada la instrucción de la causa por presunta prevaricación y malversación en la instalación ilegal de antenas telefónicas en Badalona, cuyo consistorio permitió que Vodafone y Telefónica operaran sin licencia entre 2012 y 2018 y sin pagar impuestos pese a ocupar un espacio público: una comisaría de la Guardia Urbana del municipio. La investigación afecta al actual alcalde, Xavier García Albiol, pero no queda circunscrita al PP: otros cargos municipales del PSC y ERC también han sido procesados.

El cierre de la instrucción deja el caso listo para el juicio e implica que el alcalde tendrá que volver a pasar posiblemente por el banquillo de los acusados, a la espera de que la fiscalía concrete qué pena le pide. Sin embargo, el juez cree que Albiol no ejerció las competencias para conceder las licencias afectadas, y que tampoco lo hizo el entonces gerente del ámbito de territorio, "a pesar de que, o bien autorizó informalmente la instalación, o bien conoció la misma con posterioridad sin ejercer actuaciones formales o informales para poner fin a su existencia", según explica en el auto.

"Abiertamente contraria a la legalidad"

La causa se centra en el hecho que el consistorio permitiera la instalación de las antenas sin las licencias necesarias y que renunciara a cobrar por ellas los 17.500 euros que tendrían que haber percibido las arcas públicas, según la Oficina Antifraude. El magistrado considera acreditado que el ayuntamiento no recibió ningún pago por estas instalaciones y que las telefónicas no pagaron ningún canon por usar el espacio público, y señala que la instalación "era abiertamente contraria a la legalidad urbanística y medioambiental vigente en aquel momento".

El proceso judicial procede de una querella presentada por la fiscalía después de que agentes y sindicatos de la policía local se quejaran de las instalaciones ante el investigado y entonces concejal de seguridad ciudadana y participación, que "era perfectamente conocedor de la ilegalidad de las instalaciones, ocultó dicha circunstancia a los responsables" del sindicato policial y les aseguró que eran legales. Los sindicatos de la Urbana también presentaron quejas ante Albiol, por escrito y con una reunión presencial, pero este no tomó ninguna medida a pesar de tener competencias para conceder licencias y abrir expedientes de disciplina urbanística.

Procesados por su "pleno conocimiento"

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 Badalona ha concedido un plazo de 10 días a las partes para que soliciten la apertura del juicio o bien el archivo de la causa. Además de a Albiol, el magistrado ha investigado al actual portavoz municipal del PSC y exgerente de la compañía municipal de gestión urbanística Engestur, Christian Carneado, y al vicesecretario general de comunicación de ERC, Oriol Lladó, ex primer teniente de alcalde durante el mandato de Dolors Sabater (Guanyem Badalona) --la actual presidenta del grupo de la CUP en el Parlament ha quedado fuera de la causa pese a que la fiscalía pedía su imputación--, así como a otros cinco cargos municipales más.

Todos ellos han sido procesados al entender el juez que existen indicios suficientes de que, pese a tener "pleno conocimiento" de la "antijurídica situación de las antenas", propiedad de Vodafone y Telefónica e instaladas en 2012 junto a la comisaría de la Guardia Urbana, no llevaron a cabo ninguna "actuación correctora" al respecto. "No consta que el referido alcalde realizase gestión alguna, aun informal, en relación a las solicitudes de información y retirada de las referidas antenas de telefonía" ni tampoco que "ejerciera formalmente cualquiera de las competencias" de Urbanismo que ostentaba "con la concesión de licencia alguna con la incoación de expediente alguno de disciplina urbanística o medioambiental", le reprocha el juez.

Albiol alega que no le competía

De acuerdo con el auto, las antenas sin licencia funcionaron de forma ininterrumpida hasta el año 2018, cuando "fueron retiradas de forma voluntaria por las empresas titulares de las mismas sin que mediara requerimiento alguno por parte del Ayuntamiento de Badalona". Albiol declaró en julio de 2020 por estos hechos ante el juez, ante el que adujo que "desconocía" que las antenas instaladas carecieran de licencia y que solo tuvo conocimiento del asunto "cuatro o cinco años después" a través de los medios de comunicación porque, alegó, "no forma parte de las funciones del alcalde controlar dónde se instalan las antenas".

La causa se abrió a raíz de una querella que la fiscalía presentó en septiembre de 2012 por la instalación supuestamente irregular de antenas de telefonía móvil en un terreno de propiedad municipal junto a la comisaría de la Guardia Urbana durante el primer mandato de Albiol, entre 2011 y 2015. El ministerio público considera que las antenas permanecieron sin legalizar con el presunto objetivo de que el consistorio obtuviese a cambio recursos económicos de parte de las compañías de telefonía para reformar la comisaría de la policía badalonesa. Además, la finca donde se instalaron estaba calificada como equipamiento de nueva creación de carácter local, por lo que su ubicación y la prestación del servicio, de acuerdo con el fiscal, "no resultaba posible en aquel modo en que se hizo, ni tampoco en el lugar en que se pretendía realizar".