La justicia investiga a la Generalitat por separar a una madre de su hija

La justicia investiga un posible caso de prevaricación de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) de la Generalitat, que separó a una madre de su hija pese a disponer de la custodia judicial. La jueza titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona ha aceptado la querella presentada por la madre y ha abierto las primeras diligencias.

En el auto, la magistrada admite la querella por los delitos de prevaricación, coacciones y contra la integridad moral. El juzgado solicita a la DGAIA el expediente administrativo que supuso la separación de madre e hija y ha requerido al Juzgado de Primera Instancia número 4 de L'Hospitalet de Llobregat, que revertió la decisión de la DGAIA en 2019, para que aporte las pruebas sobre la ejecución de su resolución en contra de separar a la hija de la madre, que representa el abogado especializado en menores Enrique J. Vila, de la asociación Aprodeme.

Intento de "burlar" a la justicia

El caso se remonta a 2013 cuando, a raíz de una denuncia anónima contra la madre, la DGAIA dictó sucesivas resoluciones administrativas ordenando la tutela de la menor, que entonces tenía nueve años, a pesar de que la progenitora contaba con la guardia y custodia desde 2008, una medida había sido ratificada en 2010 por la Audiencia de Barcelona.

Sin embargo, para el juez de L'Hospitalet que retiró a la Generalitat la tutela de la menor, la DGAIA actuó de forma irregular con "ánimo de desacreditar" a la madre, "sin aportar datos objetivos, sino basado en creencias y suposiciones hasta llegar a un relato maniqueísta que nada tiene que ver con el caso concreto, sino con la forma de entender la vida por parte de quien confecciona los informes". El magistrado acusó a la DGAIA de querer "burlar" el "normal funcionamiento de la Administración de Justicia" con sus resoluciones y considera que la actuación llevada a cabo por los respectivos técnicos "ignoran los valores y principios más elementales" de la Convención Europea de Derechos Humanos.

Descalificaciones "sin objetividad"

"Lo que resulta absolutamente grave, y por ende intolerable, es que por parte de aquellas personas que, ostentando la condición de funcionarios públicos, se ignore deliberadamente el mandato judicial contenido en una sentencia; se intente burlar, e incluso, se obstaculice el normal funcionamiento de la Administración de Justicia, realizando estas acciones en perjuicio directo de los intereses de un menor, y en nombre de la calendada afirmación de 'actuación en defensa del superior interés'", subrayó en el auto. Apuntó así que el dictamen de la DGAIA introdujo "elementos de descalificación" contra la madre "sin objetividad alguna", hasta el punto de que presentaron como "hecho negativo" que tuviera "una reacción ansiosa y depresiva por la retirada de la su hija", que ya ha cumplido 18 años.

"Lo que sería de extrañar sería precisamente todo lo contrario: que a una madre a quien le quiten a su hija y no tuviera una reacción de tristeza y afectación personal", remarcó el juez, para quien la DGAIA llegó a "perseguir" a la progenitora con "inquina". En su auto, con el que acordó conceder la custodia al padre de la menor y la potestad compartida para ambos, también apuntó que el progenitor fue "víctima de las actuaciones del EAIA (Equipos Especializados de Atención a la Infancia y la Adolescencia) y del maltrato institucional" por haber sido "ignorado" y "descalificado para desarrollar su rol".