Los costes de gestión de la basura se dispararán a partir del año que viene a causa de la renovación de las infraestructuras que se deberá ejecutar para cumplir con la nueva ley de residuos. El texto, cuya aprobación en el Congreso está prevista para el próximo año, tiene el objetivo de cumplir con las recientes normativas europeas en materia ambiental y de reciclaje, pero su posible impacto económico ha despertado preocupación entre los consistorios.

“Dependerá de cada ayuntamiento, pero puede llegar a encarecerse entre un 30 y un 60%”, alerta Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell. Ningún gobierno municipal quiere asumir este coste mayor en el servicio de recogida y todavía menos anunciar un incremento en las tasas que pagan los vecinos. El hecho de que los próximos comicios locales se celebren en 2023, solo un año después de la entrada en vigor del nuevo proyecto legislativo, significa que “lo que harán muchos ayuntamientos es no aplicarlo si no va acompañado de los recursos necesarios”, asegura Fonollosa, que vicepreside la Federación de Municipios de Cataluña.

Se necesitará inversión

“Está claro que para hacer una mejor gestión de los residuos va a hacer falta un incremento en la financiación”, señala Ethel Eljarrat, investigadora especializada en residuos de IDAEA-CSIC. Parte de las inversiones necesarias para reformar el sistema procederán de los fondos europeos para la recuperación, pero a la espera de que el Gobierno concrete sus planes de financiación, no está claro hasta qué punto tendrán que sufragar los ayuntamientos y los vecinos el coste adicional.

“Si redactas una ley en la que exiges llegar a unos objetivos de reciclado, es necesario hacer una inversión económica”, apostilla la investigadora. “Si no, obligas a la gente a llegar al objetivo, pero no pones lo necesario para alcanzarlo”, advierte.

Falta dotación presupuestaria

Xavier Gabarrell, director del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la UAB, subraya la necesidad de aprobar un nuevo plan catalán de infraestructuras más orientado a la reutilización y a la prevención que a la gestión de residuos, ya que el anterior “acababa en 2020 y no se ha cumplido”. Sin embargo, coincide en la necesidad de “priorizar y dotar de recursos económicos”, especialmente a los municipios, “que ejecutan la parte más importante de prevención”, además de “dotaciones presupuestarias para campañas de educación ambiental y una política catalana de investigación e innovación en prevención de residuos”.

El alcalde Fonollosa considera que la nueva norma “es muy ambiciosa y no está mal, pero tendría que ir acompañada de su parte presupuestaria” y ve “posible” cumplir el calendario “siempre y cuando se ponga dinero sobre la mesa”. A ello añade la complejidad del marco normativo actual, que no permite a los consistorios cobrar una tasa superior al coste del servicio, límite que, teniendo en cuenta las inversiones necesarias, sería deficitario. Para ello, el Gobierno ha planteado a los ayuntamientos reformar el gravamen para poder cobrar el coste completo, pero los interventores municipales ya han advertido de que ven dificultades jurídicas para aplicar dichos cambios.

Vertederos al límite

Jèssica Carballo, consejera delegada de la consultoría Vincle Ambiental, apunta hacia la misma dirección. “Optimizar y crear nuevas plantas de recuperación comportará costes importantes”, indica. Sin embargo, destaca la importancia de reformar el sistema de gestión de residuos, ya que no hacerlo “colapsaría nuestros vertederos y plantas de incineración, instalaciones que se encuentran al límite”. Algo que, a su vez, provocaría un “incremento perpetuamente ascendente de los costes”.

Además, indica que las tasas e impuestos también cambiarán, de modo que “cada cual pagará en base a los residuos que genere” con penalizaciones para quienes no reciclen o bonificaciones para los productores más comprometidos con la reutilización. La consultora también estima una creciente adopción de medidas para incentivar el reciclaje con campañas de concienciación y sensibilización, pero también nuevos modelos de recogida de basuras que dejarían atrás los contenedores.

El ‘porta a porta’

Uno de estos sistemas es la recogida de residuos puerta a puerta, polémica tanto entre los ciudadanos como entre los expertos. Gabarrell y Carballo consideran que la individualización --saber quién genera qué residuos para establecer bonificaciones-- es una solución exitosa, aunque la consultora matiza que hay que ser “realistas” y no se puede implantar de forma global en todos los municipios catalanes. La investigadora Eljarrat, en cambio, valora que si bien el Ayuntamiento de Barcelona lo considera eficiente para incentivar el reciclaje y lo ha introducido en el barrio de Sant Andreu, se corre el riesgo de generar el efecto contrario. “La gente de Sant Andreu está hasta el gorro y, si ahora pudieran, no reciclarían ni lo que reciclaban antes”, reconoce. Apuesta por hacer concienciación social “de una forma más agradable”.

Cristina Galán, presidenta de la Asociación Vecinal Sant Andreu Sud, coincide en que “la gente está muy quemada” con la nueva modalidad de recogida de basuras. La ve problemática por el hecho de que los cubos están situados en las entradas de los edificios y su recogida se demora hasta una semana. La activista vecinal ve “absolutamente inviable” guardar, por ejemplo, restos de pescado durante este plazo sin generar un problema de salubridad en el inmueble. “Congelarlos es la solución que te dan como respuesta desde el ayuntamiento”, asegura. De hecho, acusa al consistorio de copiar el sistema a países como Estados Unidos donde las viviendas tienen amplios jardines o bien sótanos comunitarios con contenedores, algo que no ve posible extender a toda Barcelona. “Antes [de tomar esta decisión política polémica] iría a la Barceloneta, que le digan a gente que tiene que guardar la basura una semana en un piso de 35 metros cuadrados”. Rechaza de frente la propuesta municipal actual.