Cinco personas han sido detenidas durante el desalojo del antiguo hotal La Gaviota de Calella, okupado desde hace años. Cuatro de los arrestados lo han sido por motivos de extranjería y una por homicidio doloso en grado de tentativa. En total, la policía ha desalojado a 18 personas del viejo establecimiento conocido como 'La Bruna'.
Este es el balance que ha hecho el Ayuntamiento del dispositivo integrado por Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Policía Local que se ha desplegado esta mañana para desalojar el inmueble, una vez los técnicos municipales han concluido que se encuentra en condiciones de insalubridad y es inhabitable. En el momento del desalojo, no había ningún menor ni joven extutelado en el edificio, así como tampoco personas en situación de vulnerabilidad.
Okupado desde hace cuatro años
El recinto es un antiguo hostal donde hace cuatro años colectivos okupas constituyeron un centro social, que finalmente se acabó disolviendo. En el edificio se instalaron familias vulnerables, además de migrantes y jóvenes extutelados.
En noviembre de 2020, el Ayuntamiento de Calella detuvo el primer intento de desalojo del antiguo hotel, para reubicar a las familias con menores que se alojaban allí en plena pandemia y que, en total, sumaban unas 40 personas. Posteriormente, en marzo de este año, cuando los datos epidemiológicos del coronavirus comenzaron a mejorar, la alcaldesa, Montserrat Candini, puso la situación en conocimiento de la Fiscalía de Mataró-Arenys de Mar, a la que solicitó que realizara "las actuaciones oportunas" para poder desalojar el edificio.
Riesgo de incendio
El decreto firmado hoy por Candini, que ha dado luz verde al desalojo, apunta a una "situación grave de insalubridad y riesgo de salud pública" por la falta de agua potable, el estado de las barandillas, la acumulación de "trastos" y la falta de limpieza. Indica, además, la existencia de riesgo eléctrico "muy alto" después de haber constatado que el tendido ha sido manipulado y de un "riesgo de incendio real", debido a la sobredemanda de potencia eléctrica.
Se trata de una edificación aislada de cuatro pisos, en "un estado de abandono importante", propiedad de Industrial Roige, y que actualmente no dispone de servicios básicos de agua ni electricidad. El bloque estaba okupado ahora por un número "indeterminado" de personas "de diferentes edades y nacionalidades". De hecho, esta semana Candini había trasladado a la Audiencia de Barcelona la problemática del inmueble, convertido a su juicio en un "foco de delincuencia e inseguridad" y reclamó una solución urgente para poder desalojarlo.