Inspecciones, parque público, fiscalidad: déficits de la Administración con el derecho a la vivienda

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) ha presentado el informe El dret a l’habitatge, que recoge 141 recomendaciones dirigidas a las Administraciones para garantizar el derecho a la vivienda. Entre ellas, destaca la importancia de fomentar las inspecciones técnicas, incrementar la construcción del parque público y mejorar la fiscalidad –en especial la de los pisos de protección–.

El presidente del organismo, Toni Mora, ha defendido en conferencia de prensa este jueves “que todas las personas puedan acceder y mantener una vivienda –no solamente a un techo–, así como disponer de los suministros básicos ligados a la condición de ciudadanía”. En este sentido, sostiene que este derecho debería ser un “objetivo ineludible” de cualquier gobierno, “más allá de sus competencias”.

Inspecciones técnicas

Entre los distintos factores de mejora del derecho a la vivienda presentados, el consejero ponente del informe, José Martín Vives, ha destacado la importancia de fomentar las inspecciones técnicas y la rehabilitación para “asegurar que todas las viviendas sean dignas y universalmente accesibles”.

En este sentido, Vives afirma que “a veces la Generalitat peca de tener miedo a realizar inspecciones”. Por este motivo, es necesario “asegurar que se realizan las inspecciones convenientes, hacer un seguimiento de estas y confirmar que se ponen en práctica los mecanismos que permitan rehabilitar edificios en caso de tener dificultades económicas”, añade.

Ampliar el parque público

Actualmente, el parque público cuenta con alrededor de 135.000 viviendas. Respecto a su totalidad, “esto representa un porcentaje que no llega ni al 4%”, según ha confesado Agustí Serra, secretario de Agenda Urbana i Territori de la Generalitat. Esto se debe a “unas malas políticas” que han permitido, de forma irresponsable, destinar ayudas a este tipo de inmuebles, lo que ha hecho “que la cualificación de la vivienda cayera en manos del mercado libre”, añade.

En esta línea, el informe El dret a l’habitatge busca incrementar y profesionalizar el parque público, de modo que sea permanente, esté diversificado y quede libre de especulaciones. Para ello, Serra asegura que “se deberá aumentar el gasto público en políticas de vivienda hasta el 1% del PIB, aprovechar los fondos europeos y perfeccionar el instrumento del índice de precios de referencia”, lo que ayudará a su regularización.

Mejora de la fiscalidad

El informe insiste también en la necesidad de una modificación de las imposiciones y la fiscalidad, por parte del Ejecutivo, ligada a la promoción de la vivienda, especialmente la de protección. Esto se debe a su voluntad de remarcar la función social de la vivienda, pues Toni Mora ha defendido que “tanto el Gobierno como las Administraciones locales y supracomarcales deben corregir esta situación injusta que lleva a muchas familias catalanas a la pobreza”.

Así, desde el CTESC recomiendan a las Administraciones “incidir en una reforma fiscal que incentive el alquiler a entidades sociales con fines inclusivos”, según dictamina en el informe.

Salud y vivienda

A raíz de la pandemia y de las medidas de confinamiento domiciliario, el CTESC también ha querido poner el foco en la relación existente entre salud y vivienda. Por esto, dan una serie de propuestas para prevenir que las personas más vulnerables ante una crisis terminen en situación de pobreza por las dificultades añadidas de mantener el hogar.

Fomentar proyectos de investigación para conocer mejor la relación entre vivienda y salud, incrementar la partida presupuestaria ordinaria dedicada a las ayudas para el alquiler, implementar medidas para atender a las personas sin hogar y crear pactos para proteger a las personas afectadas por exclusión residencial, son algunas de las propuestas presentadas.