Acuerdo contra la pobreza energética. La Generalitat ha sellado un pacto con Endesa este lunes para que la compañía pague al menos el 50% de las facturas de las familias vulnerables. Los ayuntamientos quedan exonerados de financiar las ayudas, y serán el Govern y las diputaciones los que destinen recursos a los hogares. Además, le eléctrica y el Ejecutivo catalán condonarán la deuda de 38,7 millones a 35.518 familias vulnerables. De los cuales, más de 10 los abonarán las administraciones.
La compañía eléctrica asume el 100% de la deuda acumulada entre el 2015 y el 2018, y el 50% entre 2019 y 2020. La Generalitat --con un 75%-- y las administraciones locales --el 25% restante-- se hacen cargo del otro 50% de este dos años, que son en total unos 21 millones de euros.
Pobreza energética
El acuerdo supone la regulación, por primera vez, de la aplicación de la Ley 24/2015, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, que impide cortar el suministro a las familias vulnerables.
En una rueda de prensa este mediodía, el conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakin el Homrani, ha celebrado "el acuerdo que pone las personas en el centro de la acción política".
Fondo de atención solidaria
El coste de la pobreza energética que se genere a partir del 1 de enero del 2021, se asumirá al 50% --compañía-Govern--. La Generalitat creará un Fondo de Atención Solidaria financiado, como mínimo, en un 50% por las compañías suministradoras y como máximo en un 50% por el Ejecutivo catalán.
Sobre este 50% se establecerá un convenio entre las administraciones para repartir en un 75% a cargo de la Generalitat y un 25% las administraciones locales que, a su vez, recibirán el apoyo del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias a través de un contrato programa de apoyo a las políticas sociales de los entes locales.
Condonación de la deuda
Para hacer efectiva la condonación de la deuda a las familias que han contraído desde 2015, las administraciones tendrán que verificar la información y documentación facilitada por Endesa, para comprobar la vigencia de la deuda y que, efectivamente, las personas y familias se encuentran en situación de riesgo de exclusión residencial. Las administraciones se comprometen a verificar los datos de la deuda antes del 31 de mayo de este año.
En adelante, cuando la empresa suministradora pretenda realizar un corte de suministro tendrá que solicitar previamente un informe a los servicios sociales municipales para determinar si la persona o la unidad familiar se encuentra en situación de riesgo de exclusión residencial. En este caso, se tiene que garantizar el suministro y se tienen que aplicar las ayudas necesarias establecidas por la ley y por este convenio para no generar una deuda a la persona o familia.
Endesa
Del acuerdo quedan excluidos los usuarios que tengan contratado el servicio con otro operador, aunque Endesa controla el 90% del mercado eléctrico en Cataluña. Además, servirá de base para negociar pactos con otras suministradores de gas y electricidad.