El Ayuntamiento de Barcelona ha sancionado a Acciona por poner en la vía pública más motos de uso compartido que licencias tiene asignadas. Según un documento interno del ayuntamiento al que ha tenido acceso el diario digital 'TOT Barcelona', la empresa de motosharing que opera en la capital catalana ha sido sancionada con una multa de 901,52 euros por ofrecer vehículos sin licencia.
El documento del área de Ecología, Urbanismo y Movilidad, fechado el pasado mes de febrero, señala que Acciona cuenta con 632 licencias en la ciudad, lo que les permite ofrecer, como máximo, ese número de motocicletas a los usuarios.
Infracción grave
El digital indica que ese límite no se ha respetado y algunos de lo vehículos ofrecidos a los usuarios no tenían, por lo tanto, licencia municipal. El consistorio barcelonés cuenta con una herramienta de seguimiento y control que permite saber cuántos vehículos compartidos hay en la vía pública.
El expediente califica de grave la infracción y sanciona a Acciona con la cantidad máxima contemplada en la ordenanza. El diario afirma que en agosto de 2020 la Gerencia de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona ya envió una carta a cuatro empresas de motosharing para solicitar que respetaran el límite fijado por las licencias, al detectar que se estaban aparcando en la vía pública más vehículos que licencias había concedido. Detalla que las cuatro empresas que incumplieron la ordenanza municipal en ese momento eran Acciona, Yego, Cooltra y Movo, propiedad, entre otras, de Cabify.
Reiteración
Un informe concluía que en octubre del año pasado, Cooltra y Acciona seguían incumpliendo el límite de vehículos en la calle y añade que en otro documento interno del consistorio se detalla que el 5 de diciembre a las 9 de la mañana Acciona tenía 700 vehículos en la calle, el 15 de diciembre tenía 748 y el 27 de diciembre a las 9 de la mañana había 800 motocicletas en la calle de ese operador, es decir, "168 más de las permitidas'.
Finalmente, recuerda que el exceso de vehículos de motosharing en la calle ha llevado a algunos operadores a demandar al Ayuntamiento de Barcelona por el concurso de distribución de licencias.