La Fiscalía ha presentado una querella contra tres directivos de la empresa Ditecsa de Montornès del Vallès (Barcelona) por provocar un "desastre ecológico" en el río Besòs con un vertido de disolventes provocado en el incendio de la fábrica, que acumulaba numerosas irregularidades en gestión de residuos.

En su querella, que ha sido admitida a trámite por el juzgado de instrucción número 2 de Granollers, la Fiscalía de Medio Ambiente acusa al director general, el delegado de la planta en Cataluña desde 2017 y al jefe de producción de la fábrica de un delito contra el medio ambiente y otro relativo a la protección de la flora y la fauna, por el vertido provocado en el incendio, ocurrido en diciembre de 2019.

"Mezcla descomunal" de compuestos tóxicos

El fiscal Antoni Pelegrín resalta en su escrito que la "mezcla descomunal" de compuestos tóxicos y peligrosos que llegó al río debido a los vertidos causados por el incendio en la empresa, que duraron varios días y causaron un daño "muy grave" para el equilibrio de los ecosistemas acuáticos del Besós, lo que supuso un "desastre ecológico de la mayor magnitud de los que se recuerdan últimamente en todo el territorio español".

En su querella, el ministerio público advierte de que será "muy difícil" y "costosa" la recuperación del estado ecológico del río a la situación anterior al vertido, porque los "nefastos efectos" que la contaminación produjeron sobre las aguas del río causaron la muerte de centenares de peces de diversas especies protegidas y el 99 % de la fauna piscícola del tramo inicial del vertido, ya que no pudieron soportar la "carga tóxica y peligrosa".

El papel de la Generalitat

Según el fiscal, los querellados eran conscientes de que el progresivo incremento de la producción de disolvente, que implicaba un importante acopio de residuos tóxicos y peligrosos en sus instalaciones, "no se realizaba de manera correcta" ni respetando la normativa administrativa ambiental sobre gestión de residuos y de productos peligrosos.

De esta forma, pese a que la Generalitat autorizó a la planta a incrementar de forma progresiva y notable su capacidad de uso de disolventes --en siete ocasiones entre 2006 y 2019--, también la sancionó periódicamente entre 2011 y 2019, por infracciones en materia de seguridad.

Conocían los riesgos

Debido a su cargo y responsabilidad, los querellados tenían la "obligación", según el fiscal, de que en sus instalaciones se realizara un "correcto tratamiento de los abundantes residuos tóxicos y peligrosos" que de manera "habitual" se almacenaban en la planta, para evitar que se pudieran producir ninguna incidencia que pusiera en riesgo la salud humana y el medio ambiente.

"Todos ellos eran conscientes de que aquella factoría se encontraba al lado del lecho del río Besós y a unos 300 metros de zona habitada, por lo que eran conscientes de que el cumplimiento de la normativa ambiental en el desarrollo de su actividad no se podía obviar en ningún momento", apunta.

Pese a ello, el fiscal sostiene que los querellados sabían que en la planta había una "importante acumulación de residuos y productos peligrosos" que "ordinariamente era muy superior a la permitida" en las autorizaciones ambientales y que en muchas ocasiones estaban en la planta "sin etiquetar y sin que se conociera realmente cual era el contenido del recipiente", con el riesgo que ello comportaba ya que posteriormente se mezclaban.

"Grave riesgo" para la salud y el medio ambiente

También eran conscientes de que la destilación de los disolventes, que se llevaba a cabo durante las 24 horas del día en turnos de día y noche, implicaba un proceso en el que un trabajador de la planta, que no estaba "debidamente formado" para hacer mezclas de productos tóxicos y peligrosos como los que tenía que manipular, tenía que ir vaciando los bidones pequeños en una cisterna de 200 litros, que previamente no se limpiaba.



Por este motivo, el fiscal asegura que los querellados sabían "perfectamente" que la mezcla de los residuos tóxicos y peligrosos la hacía muchas veces una persona sin conocer sus posibles incompatibilidades, por lo que "aceptaban que en alguna ocasión se llegaría a producir una interacción" de productos fácilmente inflamables, "con un grave riesgo de afectación a la salud humana y el medio ambiente".

Operarios sin formación

De hecho, recuerda que los responsables de la empresa sabían que en más de una ocasión algunos de los bidones habían sufrido una reacción con salida de humo al mezclarlos y que, pese a ello, permitieron que operarios sin formación específica se encargaran de estas mezclas de residuos respecto de los que se desconocía su composición y naturaleza real.

Fue esta situación de "incumplimientos graves" de la normativa ambiental y de las autorizaciones ambientales y de las condiciones de la planta la que comportó, según el fiscal, que el 11 de diciembre de 2019 un trabajador, al mezclar disolventes sin saber qué productos trataba, se produjera un proceso de reacción, que los otros empleados no pudieron solventar porque no estaban formados debidamente.

De esta forma, los trabajadores no sacaron el bidón humeante ni lo separaron del resto de productos tóxicos que eran fácilmente inflamables, sino que lo dejaron al lado del resto de recipientes con disolventes, ante lo que empezó a quemar, por lo que salieron corriendo y no entró ningún equipo de extinción pese a que la empresa aseguraba en sus memorias que disponía de este servicio.