Aigües de Barcelona reivindica los protocolos de actuación conjunta pactados con los 23 ayuntamientos del área metropolitana en los que presta servicio, y que tienen por objetivo garantizar el suministro de agua a las familias vulnerables en el marco de la lucha contra la pobreza energética.
Un acuerdo de funcionamiento que, sin embargo, ha sufrido todo tipo de trabas por parte del Ayuntamiento de Barcelona, hasta el punto de que su firma se retrasó dos años respecto al resto de consistorios y que ahora está pendiente de ser renovado desde marzo de 2020.
Suministro garantizado a familias vulnerables
En la actualidad --y tal y como exige la Ley 24/2015 de 29 de julio--, ante situaciones de impago, Aigües de Barcelona solicita un informe a los servicios sociales municipales para determinar si el titular o la unidad familiar se encuentra en situación de riesgo de exclusión residencial. En caso de vulnerabilidad, la compañía garantiza de forma inmediata el servicio de agua y estudia un paquete de ayudas a través un fondo de solidaridad.
El funcionamiento de este mecanismo está recogido en los protocolos acordados conjuntamente entre la empresa y cada uno de los ayuntamientos. En ellos se establecen los procedimientos para que las ayudas lleguen a quienes realmente las necesitan, e incluso permite que los servicios sociales tengan conocimiento de personas o familias que no tienen identificadas como vulnerables. En todo caso, la ausencia de protocolo no implica el corte del suministro ante un impago, pues la compañía garantiza el abastecimiento del agua quien no la pueda abonar desde antes de la entrada en vigor de la ley.
Municipios del área metropolitana en los que Aigües de Barcelona presta servicio y que han firmado el protocolo contra la pobreza / CG
Barcelona, sin protocolo
Aigües de Barcelona firmó los primeros protocolos con los ayuntamientos en enero de 2017. Sin embargo, el ayuntamiento presidido por Ada Colau puso todo tipo de dificultades y sus responsables solo lo suscribieron en marzo de 2019. Además, y al contrario que la mayoría de los consistorios --con los que la compañía cerró acuerdos que se renuevan automáticamente, salvo indicación expresa en sentido contrario--, el gobierno de la capital catalana limitó el pacto a cuatro años con renovaciones anuales expresas.
Llegados a marzo de 2020, el consistorio barcelonés evitó la actualización del protocolo un año más, pese a que la empresa asegura que en estos últimos meses han solicitado en varias ocasiones su reactivación, especialmente necesaria en el actual escenario de crisis social derivada de la pandemia.
Situación excepcional
Así las cosas, en estos momentos Barcelona es --junto a Sant Feliu de Llobregat (a punto de firmarse) y Cerdanyola (se está negociando)-- la única población del área metropolitana sin un protocolo vigente de actuación ante las familias vulnerables.
Esta actitud pasiva por parte del ayuntamiento deja a los servicios sociales municipales sin un elemento relevante para llegar a personas con graves dificultades económicas.