La Audiencia de Barcelona ha ordenado reabrir la causa sobre la supuesta agresión que sufrió un interno del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona en diciembre de 2019 por parte de funcionarios de la Policía Nacional, y ha imputado a tres agentes por su presunta participación.

En un auto, la sección sexta de la Audiencia Provincial ha acordado revocar el sobreseimiento provisional que decretó el pasado febrero la magistrada del Juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona al considerarlo "prematuro" a la espera de practicar nuevas pruebas y ha puesto de relieve varias "irregularidades" en la investigación.

Intento de suicidio

El tribunal ha decidido así que se cite a declarar como imputados a los tres agentes del Cuerpo Nacional de Policía que acompañaban al interno cuando sucedieron los hechos, el 4 de diciembre del pasado año. Fue ese día cuando, de acuerdo con la denuncia interpuesta por el interno, funcionarios del CIE le arrebataron un pequeño altavoz que usaba para escuchar música y lo agredieron como represalia. Según señala el auto, uno de los agentes, en presencia de otros policías, lo habría empujado por las escaleras y, una vez en el suelo, lo habría arrastrado hasta hacerle caer por el tramo siguiente, a raíz de lo cual sufrió diversas lesiones.

Este incidente, el "sufrimiento" derivado de otras "vejaciones", así como la "angustia" por ser expulsado a Argelia, su país de origen, donde temía ser "torturado o asesinado" --por cuya razón había solicitado asilo-- lo llevaron a intentar suicidarse la noche del 4 al 5 de diciembre, aunque varios compañeros se lo impidieron..

Las cámaras no grabaron

Por todo ello, la sala solicita también que se llame a declarar como testigos al interno y a otros dos extranjeros que habrían presenciado los hechos, además de citar a un cuarto agente y a personal de Cruz Roja que habrían visto lo sucedido.

Al director del CIE, el tribunal lo insta a aportar un informe en el que conste por qué motivo las cámaras de grabación no captaron las imágenes del momento en que la víctima cae por las escaleras, lo que considera una "irregularidad", como también lo es, a su parecer, que los funcionarios del centro no informaran del intento de suicidio ni al jefe de Seguridad, ni al subinspector responsable del turno ni tampoco constara en el libro de medidas de contención.