El Gobierno ha confirmado que el traslado de 50 inmigrantes desde Canarias hasta Barcelona anunciado la semana pasada se hará efectivo en breves. “El Ayuntamiento de Barcelona nos ha ofrecido plazas de acogida que agradecemos muchísimo y en las próximas semanas haremos uso de ellas”, ha avanzado esta mañana José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social y Migraciones.

Además de ciudades como Barcelona, Escrivá ha revelado que cinco comunidades autónomas han ofrecido apoyo al gobierno central: el País Vasco, Navarra, Aragón, Extremadura y la Comunidad Valenciana. Estos traslados se producen porque “no solo en Canarias no tenemos capacidad de acogida, también en la Península nuestro sistema está muy tensionado”, según ha asegurado el ministro en una entrevista en Catalunya Ràdio. Distinta es la situación de Granada, provincia a la que han llegado numerosos inmigrantes desde las islas sin previo aviso a las autoridades locales, lo que denota descoordinación y deslealtad institucional, en especial en tiempos de pandemia.

7.000 personas

La reubicación de estas personas se ha decidido en el marco de la crisis migratoria de Canarias, a la que el Gobierno ha respondido alojando a 7.000 inmigrantes en hoteles. Escrivá ha reconocido que las plazas de hotel están teniendo “un coste elevado” para el ministerio.

Por ese motivo, se están construyendo “campamentos de acogida” en la zona. Pero el titular de la cartera de Migraciones ha dejado claro que su ministerio tiene la intención de deportar a gran parte de estas personas: “La mayoría tienen un perfil retornable”, ha asegurado.

Reformar la ley

De hecho, Escrivá ha opinado que estos migrantes “no deberían llegar” a la Península y que “están llegando una gran cantidad de personas que no tienen vulnerabilidad”. A pesar de ello, se ha mostrado comprensivo con las “decisiones muy difíciles en la vida de cualquiera que tome una decisión de migrar”, y ha aclarado que las acciones del Gobierno responden a “razones de fuerza mayor relacionadas con la pandemia”.

El ministro ha reiterado las que a su juicio son las soluciones para crear un “modelo migratorio ordenado”: seguir cooperando humanitariamente con países de origen como Marruecos y Senegal y reformar la ley de extranjería porque requiere “un cambio profundo”. “Yo me he comprometido a intentar sacarla durante la legislatura”, ha dicho Escrivá, que ha señalado que quiere que el cambio legislativo sea consensuado, por lo que está negociando con los otros partidos.

Gestión polémica

El ministro también ha defendido la gestión del Ejecutivo de esta crisis migratoria, muy criticada por oenegés y jueces. Algunas entidades acusan al Gobierno de querer convertir las Canarias en "islas cárceles", como ya ha pasado en otros países.

Escrivá lo niega, pero ha reconocido que se ha producido un colapso: "Efectivamente, el muelle de Arguineguín no estaba en condiciones para poder atender el alud de personas que llegaban", ha admitido.

Reformas sociales

Respecto al resto de políticas sociales, Escrivá ha anunciado que las pensiones no van a subir al inicio del próximo año, ya que esta subida va ligada a la inflación y en noviembre el índice de precios (IPC) ha caído. “El objetivo con las pensiones es mantener el poder adquisitivo y eso se ha garantizado este año”, ha valorado.

Tampoco hay en el horizonte una nueva subida del salario mínimo hasta los 1.000 euros: “No me consta”, ha afirmado sobre una hipotética revisión al alza. Además, ha criticado la propuesta de su compañero de Gobierno, el vicepresidente Pablo Iglesias, de reducir la semana laboral: “No me parece que España sea un país con unos niveles de productividad que permitan la semana laboral de cuatro días”.