UGT, CCOO, CSIF y Catac reclaman a la consejera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, el cese de la cúpula de prisiones. Entre ellos, del secretario de medidas penales, Amand Calderó, así como del subdirector de rehabilitación y sanidad, Carles Soler, y las subdirectoras de gestión y recursos humanos, Paula Montero y Rosa Pérez, respectivamente, por la falta de personal y medidas de protección frente al Covid-19.
Los sindicatos critican "la falta de buena fe" para negociar sus exigencias. Entre ellas, combatir la merma en las plantillas, y frenar la imposición de cambios en las cárceles, sin establecer un debate previo con los representantes de los trabajadores. Algo que, señalan, vulnera el estatuto --del empleado público-- por el que se rigen.
Crisis sanitaria en las cárceles catalanas
Las organizaciones de funcionarios también denuncian la nefasta gestión de la secretaría de medidas penales durante la pandemia. "Si durante la primera ola ya fue más que criticable, la de la segunda podría calificarse de imprudente, ya que pese a las recomendaciones sanitarias que ha implementado la Generalitat, no se ha implementado ninguna para proteger a los trabajadores", han lamentado este miércoles a través de un comunicado.
Consideran, además, que el trato de los responsables de prisiones hacia sus funcionarios es "miserable", y que la "imprudencia" ante la crisis sanitaria es de tal de gravedad que "han quedado desacreditados e incapacitados" para gestionar los penales catalanes. Las quejas derivaron en una recogida de firmas entre los trabajadores para exigir los ceses. Iniciativa a la que se ha adherido el 25% de la plantilla, con un total de 1.021 rúbricas.
Desconfianza en la cúpula de prisiones
Tras entregar firmas a Justicia, los sindicatos reclaman a Capella que introduzca "un cambio de rumbo" en la secretaría de medidas penales para que los funcionarios "recuperen la confianza en sus responsables".