Opositores denuncian a los Bomberos de la Generalitat por su test psicológico

Un grupo de opositores a Bomberos de la Generalitat que quedó apartado del proceso por el nuevo test de personalidad ha presentado una denuncia al Juzgado de lo Penal 1 de Barcelona contra la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos por el proceso de selección para acceder al cuerpo, y reclaman al juez anular el test psicológico que han suspendido 488 aspirantes.

La denuncia señala que este año ha habido "un inexplicable porcentaje de no aptos" en la prueba psicológica, con casi un 45% de suspensos (488 de los 1.094 que superaron las dos pruebas anteriores), y los denunciantes afirman que el porcentaje de no aptos en este test suele rodear el 5%.

"Indicios de prevaricación y malversación"

Los denunciantes afirman que, según las bases de la convocatoria, el test sirve para evaluar competencias profesionales como el autocontrol, la tolerancia al estrés y la capacidad de toma de decisiones, y sostienen que en la última convocatoria, en cambio, se ha presentado un test "con factores de evaluación clínicos que nunca habían sido mencionados en las bases", que consideran que no es válido para evaluar las competencias de un bombero y que valoran aspectos como la depresión, el control emocional y la vulnerabilidad.

Sostienen que la licitación a la empresa encargada de hacer la prueba psicológica "presenta indicios de prevaricación, malversación de fondos, cohecho y desigualdad de oportunidades" y cuestionan la forma en que se la seleccionó.

Afirman que el tribunal de las oposiciones y la Dirección General "han obrado de mala fe intentando suplantar las denominaciones y contenido de los tests realizados en las pruebas en relación a la descripción de las bases" al supuestamente haber presentado una prueba clínica como si fuera un test competencial.

Repetir el test

Los denunciantes ven "indicios de arbitrariedad, falta de rigor y ausencia de un criterio de evaluación homogéneo en las pruebas psicológicas", y alegan presunta manipulación, ocultación de información y vulneración de derechos de los aspirantes.

Por todo, piden anular la prueba psicológica y repetirla, así como suspender la calificación de no apto a los 488 implicados para que puedan seguir con el proceso de oposición.