Efectivos de Mossos d'Esquadra desalojaron este jueves a última hora de la tarde a una familia con tres menores de un piso de Nou Barris, en Barcelona. La ejecución tuvo lugar en la avenida de Rasos Peguera y, según ha denunciado el propio Ayuntamiento de la capital catalana, la policía catalana actuó sin orden judicial. Y es que tras un primer desahucio por la mañana por mandato de un magistrado, los ocupantes volvieron a acceder a la vivienda. Esto supone "una violación de domicilio que requiere la actuación de los cuerpos de seguridad", tal y como ha señalado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Desahucio de una familia con tres menores en Nou Barris / LORENA SOPENA
Los responsables de la justicia catalana han hecho estas declaraciones tras la polémica generada por el lanzamiento, ya que en la familia que estaba afectada habían tres menores de edad. Fue sobre las nueve de la mañana del 29 de octubre cuando se produjo la primera intervención de la policía catalana, con notificación previa a las partes. Poco después, los agentes constataron que los ocupantes del inmueble había entrado de nuevo allí, y decidieron actuar ante la comisión de un "delito flagrante", según ha señalado el comisario jefe del cuerpo de seguridad catalana, Eduard Sallent, en la Cadena Ser.
"Restituir la propiedad"
La intención de los agentes era "restituir la propiedad" al legítimo dueño. Una actuación que, ha admitido Sallent, "no es del agrado de nadie", pero obedece a "cumplir las leyes de un estado democrático". Así, ha recordado que corresponde a otros organismo y no a la policía dar respuesta a la emergencia habitacional.
El citado procedimiento contra la familia con menores comenzó en 2018, tras la ocupación de la vivienda de Nou Barris, detalla el TSJC. Ninguno de ellos ha figurado nunca como inquilino, y "no existe ningún tipo de contrato entre ellos y el propietario".
Desahucio aplazado
En mayo del año siguiente, un juzgado dictó sentencia en la que se acordó el desalojo de este piso y, fruto de esta resolución judicial de la que tuvieron conocimiento todas las partes, se abrió el proceso de ejecución. Desde que se aprobó el lanzamiento, se fijaron tres fechas para ejecutarlo, pero en todos los casos, se paralizó. El penúltimo, fijado para el 30 de marzo de este año, se suspendió tras la declaración del estado de alarma por la pandemia.
Desde marzo, además, el Centro de Urgencia y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) había sido informado de este asunto. Finalmente, en julio se fijó como nueva fecha para el desahucio el 29 de octubre.
Pobreza energética
Pocos días antes, la familia solicitó la suspensión del desalojo. Alegó motivos relacionados con la pobreza energética, aunque el juzgado lo desestimó al entender que se trataba de una cuestión administrativa que no afecta al procedimiento judicial, de manera que mantuvo la ejecución.
La familia implicada ha asegurado que su abogado de oficio no les informó de la fecha del desahucio. Ha relatado que después de ir a trabajar se encontró con la cerradura del inmueble cambiado. Procedió entonces a entrar en el mismo e hizo saltar la alarma que la propiedad, el banco BBVA, había instalado por la mañana. El grupo financiero ha asegurado, a su vez, que nadie les notificó nunca que en la familia de ocupantes había tres menores de edad. Ha manifestado que, tras conocer la situación, procede a negociar un alquiler social para que puedan permanecer en el inmueble de Barcelona.