Rebelión en la cárcel

Se acrecenta un problema endémico que cobra mayor relevancia después de que un preso haya matado a otro de “múltiples puñaladas” en Brians 2 este 13 de octubre. Las plantillas de funcionarios de prisiones están bajo mínimos, envejecidas, y la laxitud a la hora de aplicar al régimen disciplinario inciden en la seguridad de trabajadores y reos. Así lo denuncian cuatro sindicatos del sector a Crónica Global, tras una jornada, la de este martes, en la que otro recluso apareció muerto en su celda, todo indica que por causas naturales, y uno de los empleados públicos fuese agredido. Una precariedad que deriva en mayor conflictividad en los penales. “Los internos lo saben y actúan”, denuncia Roberto, presidente de Marea Blava.

“No solo faltan funcionarios, sino contundencia por parte de la Secretaría General de Medidas Penales. Hay internos que no son sancionados aunque protagonicen altercados, se rehúsa aplicar el primer grado”, lamenta el representante de la asociación. El motivo, apunta, es el “miedo de los políticos a las estadísticas”, y apunta: “quizá más graves que esas cifran sea un asesinato en una prisión, algo que hace muchos años que no ocurría”. Señala así que las agresiones a los vigilantes van en aumento, extendiéndose la sensación de impunidad entre los reclusos que las perpetran. Aboga así por aplicar “disciplina” y “régimen cerrado” para “evitar más incidentes”.

Asesinato en prisión

Tras el apuñalamiento mortal en Brians 2, desde UGT Prisiones, su portavoz, Xavier Martínez, apunta que “lo único peor que podía haber sucedido es que el fallecido fuese un funcionario”. A pesar de que este crimen es un suceso aislado, recuerdan que no así los altercados y las agresiones a los funcionarios, que se dan “demasiado a menudo”. Responsabilizan de ello al departamento de Ester Capella, ya que “continuar con la actual política de restricción personal (y no aplicar medidas disciplinarias) solo conduce a incrementar la inseguridad en los centros y a potenciar los conflictos. El ejemplo lo encontramos en el módulo donde se ha producido el asesinato, donde dos funcionarios custodiaban a 95 internos”, apuntan desde el sindicato.

Señalan además, como el resto de organizaciones, que Justicia ha admitido un déficit de 225 funcionarios en las prisiones catalanas --cuando 15 días atrás solo era de 139-- y por ello exigen la contratación “urgente” del personal necesario. También desde CSIF instan a subsanar, no solo la merma, sino también el envejecimiento de las plantillas. Su coordinador, Alberto Gómez, apunta que cerca del 15% de los trabajadores superan los 57 años. “Yo tengo 60, y soy jefe del equipo intervención, como antidisturbios, de un módulo, y si, junto a compañeros de mi edad, debo mediar en un altercado, o reducir a presos más jóvenes y fuertes, o sofocar un incendio antes de que lleguen los bomberos, es evidente que mis capacidades no serán las mismas”, detalla desde CCOO Fernando Carrera.

“Impunidad” de los internos

Este funcionario de prisiones admite que la seguridad en los centros “no se puede garantizar al 100%”, pero recuerda, tras el apuñalamiento en uno de los patios de Brians 2, que “los internos tienen sensación de impunidad” por falta de vigilancia. “Es entonces cuándo actúan, sino no lo harían, porque además, aunque haya cámaras, siempre hay puntos ciegos, y ellos lo saben”, secunda Carrera a su colega de Marea Blava. A la ya de por si reducida plantilla se ha sumado la merma por la pandemia, tras registrar brotes en varios penales, que se han saldado con decenas de trabajadores en cuarentena preventiva.

Por su parte, Gómez apunta que el preso de nacionalidad española que mató a puñaladas a otro recluso contó con la colaboración de otro internos, que distrajeron a los funcionarios para poder perpetrar el ataque. Se habría tratado de un caso de “justicia carcelaria”, ya que la víctima cumplía condena por corrupción de menores, mientras que su ejecutor tenía impuesta una pena hasta 2050 por asesinato. Además, incide en que solo dos vigilantes poco pueden hacer ante una situación así.

Refuerzo de las plantillas

La petición es clara. Tras ese último suceso, y las 154 agresiones a funcionarios entre enero y junio de este año --25 graves y 129 leves, según los datos de CSIF-- reclaman reforzar las plantillas y aplicar el régimen disciplinario a los internos que las perpetran, para acabar con la sensación de impunidad que, indican, se extiende en los penales del territorio. En el plano político, la portavoz de Ciutadans, Lorena Roldán, ha avanzado que pedirá explicaciones a Capella tras el apuñalamiento, para que el departamento "proteja a internos y funcionarios".

Por su parte, Justicia ha declinado pronunciarse sobre las críticas de los sindicatos y su reiterada petición del aumento de las plantillas. Según los datos de la propia Generalitat, solo en agosto de este año se han producido 218 “incidentes” en penales catalanes. Clasificación que hace referencia a “lesiones o agresiones leves y graves a internos y funcionarios, así como autolesiones y evasiones consumadas”. Un total de 1.690 en los primeros ocho meses de este año.