El Juzgado de lo Penal número 18 de Madrid ha condenado a 131 controladores aéreos de los aeropuertos de Madrid-Barajas y de Torrejón por abandonar sus puestos de trabajo durante la huelga de diciembre de 2010, que provocó que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero declarase por primera vez en España el estado de alarma durante 43 días.

La sentencia condena a 131 de los 135 acusados, que tendrán que pagar multas que oscilan entre 15.000 euros y 31.500 euros, así como al gestor aeroportuario Aena --actualmente, Enaire-- como responsable civil subsidiario por abandono del servicio público durante la huelga.

Cabe recurso de apelación

El fallo, sin embargo, absuelve a dos de los acusados por la fiscalía: uno de ellos, el que fuera portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), César Cabo, que no pactó con el ministerio público y contra el que no se han encontrado pruebas, ya que en el momento de los hechos se encontraba de viaje en Asia.

Contra la resolución cabe la interposición de un recurso de apelación ante la Audiencia de Madrid.

Compensaciones a los perjudicados

El juez, asimismo, contempla como atenuante las dilaciones indebidas que ha sufrido el proceso y también reconoce el abono de más de 13 millones de euros a los perjudicados por el cierre del espacio aéreo durante cerca de 20 horas, en concepto de responsabilidad civil.

De dicha cantidad tendrán que hacerse cargo todos los condenados de forma conjunta y solidaria junto con la empresa pública Enaire.

"Abandono de los puestos de trabajo"

En su sentencia, cuyo contenido íntegro se conocerá en los próximos días, la magistrada considera probado que los acusados "adoptaron un mecanismo de presión laboral consistente en abandonar sus puestos de trabajo de forma masiva, paralizando, de esta forma, el tráfico aéreo, y ello bajo la dirección de los miembros de la junta directiva y delegados sindicales del sindicato USCA".

La juez señala que de los 133 controladores acusados, 119 reconocieron durante el juicio los hechos que recoge el escrito de la fiscalía, que sostenía que USCA planteó el modo de actuar para ejercer presión sobre Aena y el Gobierno en un conflicto que se remontaba a enero de ese año, durante las negociaciones del segundo convenio colectivo del sector.

"Paralizar la actividad aeronáutica"

Tras acusarse mutuamente de negociar sin voluntad de alcanzar un acuerdo, en febrero el Gobierno aprobó un real decreto ley que devolvía a Aena la gestión y el control del tráfico aéreo, en manos de los controladores desde 1999.

"En una acción colectiva y concertada con el fin de paralizar la actividad aeronáutica al margen de cualquier negociación colectiva u otra vía legal, presentaron ante el responsable de la sala dicho documento, escrito de su puño y letra, en el que alegaban una disminución significativa de sus capacidades psicofísicas para desempeñar su puesto", defendía la fiscalía.

"Graves consecuencias económicas"

La titular del juzgado señala que esta actuación "no solo afectó a los ciudadanos que no pudieron viajar el puente" de la Constitución, sino que también tuvo "graves consecuencias económicas" para el turismo de la Comunidad de Madrid.

No obstante, aclara la juez, no se ha reclamado ninguna indemnización por este motivo a pesar de que fueron numerosas las cancelaciones de reservas de hotel.

Cabo, absuelto

El veredicto, sin embargo, absuelve a dos de los controladores, uno de ellos Cabo, que durante el juicio negó haber promovido, organizado, ni incitado el abandono colectivo de los controladores, ya que en esas fechas estaba de vacaciones en Asia.

La magistrada se muestra perpleja al comprobar que, durante la vista, "se haya realizado tan escasa mención a quien, según las acusaciones, figuraba como principal dirigente de la protesta sindical".

Cabo se negó a pactar

"Solo al final (...), con el visionado de los programas emitidos por televisión, es cuando de nuevo aparece como portavoz explicando la posición de los controladores en el conflicto que mantenían con Aena y el Gobierno, lo que ocurrió con posterioridad", subraya la sentencia, que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial.

El que fuera cara visible de la USCA fue uno de los 14 acusados que no llegaron a un acuerdo con la fiscalía, que reclamaba para él la suma más elevada, 75.000 euros, mientras que para los otros 13 pedía 60.000 euros de multa. Junto a Cabo ha sido exonerado otro de los controladores tras haber acreditado que su parte médico de baja laboral "respondía a una realidad clínica".