Parón en la red de ambulancias catalanas. Más de 5.000 profesionales del transporte sanitario han convocado una huelga indefinida en protesta por los recortes salariales y por lo que consideran una nula voluntad de la patronal para negociar un nuevo convenio del sector. Los trabajadores que protestan son los que forman parte de las subcontratas del CatSalut, el personal que complementa la plantilla pública de emergencias.

La convocatoria coincide con el ascenso del riesgo de rebrote en el territorio, que ya rebasa ampliamente los 200 puntos. Según el último balance de la Consejería de Sanidad, la propagación del virus en la comunidad es idéntica a la que había cuando se levantó en junio el estado de alarma. Un retroceso de tres meses que pone en alerta a las autoridades encargadas del servicio de ambulancias.

Recortes retroactivos

¿Por qué protestan los trabajadores? Fuentes sindicales consultadas por Crónica Global denuncian la ruptura de compromisos por parte tanto del CatSalut como de las adjudicatarias. Ramón Vilella, delegado en UGT, señala el recorte retroactivo aplicado por las empresas agrupadas en Acea (Asociación Catalana de Empresarios de Ambulancias) como la gota que ha hecho colmar el vaso.

"Pese a que nos prometieron un aumento del 3,33%, el consejo de dirección del CatSalut tomó la decisión en junio de reducir esta cifra por la caída del IPC", explica el sindicalista. Señala que las empresas se acogen a esta modificación para quitar el incremento percibido en las nóminas desde enero de 2020. La retirada se ha hecho efectiva en septiembre y ha provocado la indignación general del colectivo.

Una de las ambulancias de Cataluña / SEM

Mejorar el convenio

No es la única queja de los trabajadores. La disparidad de condiciones entre las compañías contratadas --las mayoritarias del sector son Ambulancias Domingo y Falck, que no han querido responder a las preguntas de Crónica Global-- son otro punto de conflicto, como se demostró en la falta de material protector durante los peores meses de la epidemia.

"El enroque es total, no hay voluntad de negociar por parte de Acea", expone Vilella. Con todo, el portavoz acusa a la administración como corresponsable en el conflicto por la negativa a incrementar la tarifa de las privadas. Por su parte, la patronal del ramo ha declinado explicar su versión de cómo se ha llegado a esta situación.

"Llevamos desde 2012 con las mismas condiciones [fecha del último convenio], lo único que logramos en 2017 fue que no nos descontasen los recortes aplicados tras la crisis económica", afirma el representante de los trabajadores. Precisamente, el incremento salarial fue la solución que logró desbloquear el conflicto laboral el año pasado. En esta ocasión, la huelga seguirá adelante aunque con unos servicios mínimos del 85%.

Trabajadores de primera y de segunda

Lo que está claro es que la paz social se ha roto. Los empleados externalizados reprueban las dos categorías que conviven en el sector. Lluís Ferrer, portavoz del sindicato Sitac, muestra el origen del problema. "Nosotros tenemos un convenio de transporte sanitario, no de profesionales sanitarios. Tenemos condiciones distintas que los internos del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM)", indica. La situación es similiar a la de los auxiliares de enfermería, que tras años de lucha lograron homologar su rango con el del resto de personal facultativo.

"Mientras nosotros trabajamos de media 20 días al mes, la plantilla interna del SEM trabaja 13. Si nosotros tenemos una jornada anual de 1.800 horas, nuestros compañeros tienen otras de unas 1.600", detalla. "Llevamos 13 años sin que nos suban el sueldo", apostilla. A esta doble vara de medir se suman muchas otras rúbricas que los huelguistas quieren equiparar, como los pluses por festivo, los horarios nocturnos, la limitación de las prácticas y los descansos. La negociación se prevé ardua, si es que ambas partes vuelven a la mesa de diálogo. Por ahora, se inicia una huelga.