El Departamento de Justicia ha indemnizado con 500.000 euros a una mujer a la que el llamado "violador de Martorell" agredió sexualmente e intentó matar en octubre de 2016, cuando el atacante disfrutaba de un permiso de salida que le concedió la cárcel donde cumplía condena por hechos similares. Tras lo sucedido, la Audiencia de Barcelona condenó en 2019 a 70 años de prisión al violador, quien durante el juicio admitió las acusaciones.
La víctima presentó el 6 de noviembre de 2018 una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Generalitat por un "funcionamiento anormal e irregular" de los servicios penitenciarios. La mujer considera que el suceso se debió al "error" en la evaluación de la "peligrosidad" del violador, que el Departamento de Justicia ha estimado parcialmente. De hecho, la resolución de la conselleria no ha concedido a la víctima la indemnización completa que reclamaba, cifrada en 1.250.000 de euros, según ha avanzado Efe.
Los hechos
El suceso tuvo lugar el 29 de octubre de 2016, cuando Tomás Pardo Caro, conocido como el "violador de Martorell", secuestró, violó e intentó matar a la mujer apuñalándola mientras disfrutaba de un permiso penitenciario. Una vez perpetrado el crimen y creyendo que la había matado, Pardo arrojó a la víctima por un barranco y la tapó con tierra. El permiso del que disfrutaba en la fecha del asalto le fue concedido por la junta de tratamiento de la cárcel Ponent de Lleida, donde el hombre cumplía condena por otra violación cometida en 2002. La decisión se tomó tras los informes favorables emitidos por el equipo técnico multidisciplinar.
El Departamento de Justicia le concedió el permiso por haber superado con éxito el tratamiento de rehabilitación de agresores sexuales que siguió en prisión. Previamente, el juzgado de vigilancia penitenciaria le había denegado hasta en 13 ocasiones los permisos para salir de la cárcel, pero la Audiencia de Barcelona confirmó la decisión de la Generalitat de excarcelarle.
Negligencia
Pese a la indemnización de 500.000 euros que le ha concedido la Generalitat, la mujer, que prefiere mantenerse en el más absoluto anonimato, lamenta que la conselleria no admita ningún tipo de negligencia en la actuación del citado centro penitenciario.
Según señala su abogado, Manuel Zumón, el suceso le ha causado un "inmenso daño moral" por unos "errores de diagnóstico". La mujer critica que no se haya acometido la "necesaria investigación interna" para detectar por qué "fallaron estrepitosamente" los informes de este centro penitenciario favorables al permiso, y poder evitar así "trágicos errores en el futuro".