Illa impone el cierre en Madrid en el BOE

Salvador Illa impone el cierre en Madrid. El Boletín Oficial del Estado ha publicado este jueves a primera hora de la mañana el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISN) sobre la Declaración de Actuaciones Coordinadas en Salud Pública para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por Covid-19, con fecha 30 de septiembre de 2020.

El documento da un plazo de 48 horas a los municipios afectados y es "de obligado cumplimiento" para todo el territorio del Estado, sin oposición posible. El Gobierno de PSOE y Podemos marca de esta forma las directrices marcos que se deben seguir en todo el país para luchar contra la pandemia. Se apoyan en un informe de la Abogacía General del Estado en que se interpreta que el artículo 151 del régimen jurídico del sector público (Ley 40/2015) señala que "los acuerdos obligarán a todas las Comunidades Autónomas, aunque voten en contra, si el Estado ejerce competencias de coordinación, como es el caso". Y es que cuatro territorios (Cataluña, Galicia, Andalucía y Comunidad de Madrid) y Ceuta se opusieron a aplicar las medidas en el encuentro entre responsables de salud pública que se celebró este miércoles. 

Restricciones para Madrid

El texto que se ha publicado en el BOE manifiesta que la ley "señala que los acuerdos obligarán a todas las comunidades autónomas, aunque voten en contra, si el Estado ejerce competencias de coordinación, como es el caso". Illa intenta zanjar de esta forma la polémica abierta con el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso por su resistencia de implementar en Madrid más restricciones para frenar el avance del coronavirus.

La publicación oficial también recoge que "esta ley deroga todo aquello que resulte incompatible con ella, incluida la regulación establecida en el artículo 73 de la Ley 16/2003 de cohesión, que sólo prevé la adopción de acuerdos por consenso". Y asegura que las "actuaciones coordinadas" a las que hace referencia serán efectivas "desde su notificación a las comunidades y ciudades autónomas". Las medidas que se deberán aplicar en toda España están relacionadas con las restricciones de aforo, límites en reuniones, cerrar locales de ocio nocturno y controlar más los establecimientos de restauración, entre otras cuestiones. Todas ellas, enfocadas a controlar la expansión del coronavirus en los territorios donde se disparen las transmisiones para evitar que los brotes se descontrolen. 

Tres requisitos

Se trata de las mismas iniciativas que ya estaban vigentes en 45 zonas sanitarias de la Comunidad de Madrid, la más afectada ahora por la expansión de la pandemia. La diferencia es que ahora deberán aplicarse en toda la región y en cualquier municipio español que cumpla los tres requisitos establecidos.

Estos son: municipios de 100.000 habitantes en los que los que se superen los umbrales establecidos: positividad --más del 10% de positivos sobre los tests hechos en las dos semanas previas--; ocupación de camas de cuidados intensivos por pacientes Covid en su comunidad autónoma --más del 35%-- e incidencia. Es decir, que se detecten más de 500 casos por 100.000 habitantes en 14 días, medido hasta cinco días antes. Este último criterio, aclara la orden, no será de aplicación si al menos el 90% de los casos son brotes no familiares identificados, controlados y comunicados al Ministerio. Por ahora, además de la capital solo Pamplona estaría cerca de cumplir los tres requisitos. En el resto de ciudades del país la pandemia está más controlada y no hay temor a un descontrol. 

Recurso judicial

El propio Ministerio de Salud indica en la Orden publicada que las protestas de Ejecutivos autonómicos se pueden canalizar mediante un "recurso de reposición" ante el mismo o por la vía judicial. En este caso, los gobiernos territoriales disponen de un mes para recurrir a la vía contenciosa-administrativa.

Díaz Ayuso ya ha avanzado que prepara una batalla en los tribunales contra la decisión del Gobierno. Mantiene que la curva de contagios se empieza a aplanar en la Comunidad de Madird y que no ha lugar a una normativa que, de facto, toma el control de la situación sanitaria en la capital y sus municipios de influencia. La batalla política está abierta y también puede tener ramificaciones en otros territorios como Cataluña o Galicia, una pugna que también se ha interpretado en clave de partidos.